Cuando recientemente se conoció un nuevo caso de fraude y corrupción en Estados Unidos relacionado con la Ley de Ajuste Cubano, el hecho puso en evidencia la excepcionalidad que tienen los nacionales de Cuba para establecerse en Norteamérica, bajo el precepto de emplear la migración como instrumento para agredir al archipiélago. Los hechos lo confirman y las campañas mediáticas hacen un planteo simple y pervertido: los cubanos “huyen del régimen” y son “refugiados políticos”, los otros miles que intentan llegar al Norte, “emigran”.

Sin embargo, a pesar de la apertura de embajadas en Washington y La Habana, «la administración no tiene planes de alterar su política migratoria actual, incluyendo la Ley de Ajuste Cubano», según ha informado el Departamento de Estado, confirmado el 14 de agosto en La Habana por el secretario de Estado John Kerry.

Desde las primeras conversaciones públicas, la parte cubana ha insistido en sus “serias preocupaciones” por la Ley de Ajuste Cubano y la política ‘pies secos, pies mojados’, “principal estímulo a la emigración ilegal desde Cuba hacia los Estados Unidos.

Una historia larga y truculenta

La historia es larga y truculenta. Entre 1959 y 1962 estaban en los Estados Unidos unos 274.000 cubanos, de los cuales 70.000 habían ingresado sin que mediara trámite migratorio alguno, justificado por ofrecer “protección y asilo” a los asesinos, esbirros, torturadores, malversadores y ladrones de la tiranía encabezada por Fulgencio Batista.

Sin embargo, antes del Triunfo de la Revolución Cubana, los cubanos que deseaban viajar o emigrar a los EE.UU. recibían igual tratamiento que un ciudadano de cualquier otro país y, como ellos, debían realizar legalmente la tramitación correspondiente, lo que había cambiado era que en Cuba había triunfado un Revolución inaceptable y humillante para el Imperio en Guerra Fría.

Las solicitudes de extradición oficialmente presentadas por la República de Cuba contra los más connotados criminales de la dictadura fueron desatendidas, y el “éxodo” daba lugar a una de las primeras y más feroces campañas mediáticas, hacia el gobierno revolucionario por llevar a la justicia a los violadores de los derechos humanos durante el régimen tiránico.

Aquel acomodo legal propició el estímulo a la emigración ilegal de ciudadanos cubanos hacia ese país, pero dieron prioridad a los profesionales y personal calificado. Fue notorio el caso de los miles de médicos que abandonaron el país. Norteamérica beligerante miraba con sorna el anunciado colapso del sistema sanitario de la Isla, que el pueblo cubano enfrentó y la Revolución ripostó preparando aceleradamente los nuevos galenos y enfermeros, que iniciaron el exitoso modelo de salubridad cubano.

De manera escalonada, Washington fue suspendiendo los vuelos regulares y las vías de salida legal desde Cuba, al tiempo que se otorgaba automáticamente el estatus de refugiado a todo ciudadano cubano que arribara a territorio estadounidense, al extremo de que se crearon condiciones financieras especiales para apoyarlos, como no hicieron nunca con otro grupo de nacionales extranjeros.

Los inmigrantes, que la propaganda situaba y sitúa huyendo de la Isla, recibieron las facilidades inmigratorias requeridas, autorizándose incluso a entidades y personas en Estados Unidos, como la Iglesia Católica, para otorgar Waiver -concebidas para casos de extrema emergencia- a partir de la ruptura de las relaciones diplomáticas por Estados Unidos en 1961.

A ello se unía la aplicación de una política asistencial preferencial, cuyo punto culminante se produce en ese propio año con la aprobación del Programa de Refugiados Cubanos, elaborado a partir de la experiencia con el tratamiento a los refugiados húngaros de 1956. El Programa para los cubanos alentaba la emigración desde Cuba y disponía hasta su conclusión en 1975, de algo más de 100 millones de dólares anuales.

En 1960 se activó la Operación Peter Pan, una de las maniobras más secretas y siniestras de subversión política ideológica organizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, la jerarquía de la Iglesia Católica en Miami, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las organizaciones contrarrevolucionarias, que promovió y amparó lo que pareció ser un espontáneo proceso migratorio al manipular por parte de Washington el tema de la Patria potestad de los padres cubanos sobre sus hijos. Su principal ejecutor en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos fue el cura de origen irlandés Bryan O. Walsh. Por esta vía salieron de Cuba un total de 14 048 niños, muchos de ellos nunca volvieron a encontrarse con su padres.

«En febrero de 1963, la Administración Kennedy dio un poderoso estímulo adicional a favor de esas salidas: anunció que los cubanos que llegaran a Estados Unidos directamente desde la Isla serían recibidos como refugiados, mientras que los que buscaran entrar desde terceros países serían considerados extranjeros y quedarían sujetos a todas las restricciones migratorias norteamericanas», explicaba Fidel Castro el 3 de agosto de 1999 en la Provincia de Matanzas.

Con estos antecedentes, en 1966 se promulgó la Ley de Ajuste Cubano (LAC), que permite la entrada a los cubanos a territorio estadounidense bajo “palabra” (parole), para luego obtener de manera expedita permisos de trabajo y solicitar la residencia permanente al año y un día de permanecer en esa nación.

En  momentos de mucha agresividad hacia la Isla, en 1995 durante el gobierno del expresidente William Clinton (1993-2001), comenzó a aplicarse la política de pies secos-pies mojados, que aplica a inmigrantes cubanos que en travesías por mar logran evadir a la Guardia Costera en el estrecho de la Florida y pisar territorio estadounidense, lo que les reporta al término de 365 días una Green Card o tarjeta de residencia permanente, siempre y cuando la persona no tenga antecedentes criminales.

Para 2006, el expresidente republicano George W. Bush (2001-2009) dio otra vuelta de tuerca más en la obcecación que tiene de paladines a la mafia miamense. Para sabotear las misiones médicas cubanas estimulando la migración, decidió otorgar parole a los profesionales y técnicos cubanos de la salud que abandonen su misión como colaboradores de Cuba en terceros países.

Respuestas cubanas

En este contexto, las autoridades norteamericanas— según han creído conveniente— otorgan o no visas a los cubanos que intentan viajar legalmente. Nunca fue Cuba quien les ha impedido viajar y la actual Ley Migratoria cubana es una confirmación inequívoca.

Pero, la política migratoria aplicada por los Estados Unidos contra Cuba obligó a abrir las fronteras de la Isla, originando tres oleadas migratorias: Camarioca en 1965, Mariel en 1980 y la llamada “crisis de los balseros”, en Mariel en 1994.

Como resultado de esas dos últimas crisis migratorias se produjeron varias rondas de conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que concluyeron con la firma, en 1984, del Acuerdo de Normalización de las Relaciones Migratorias entre ambos países y, más tarde, del Acuerdo Migratorio del 9 de septiembre de 1994 y la Declaración Conjunta del 2 de mayo de 1995.

Sin embargo, los reiterados incumplimientos de estos Acuerdos por la parte estadounidense, junto a su actitud irresponsable de continuar alentando la emigración ilegal y admitir en territorio norteamericano, en virtud de la Ley de Ajuste, a los cubanos que se trasladan allí como polizones, secuestradores de naves aéreas o marítimas, o simplemente como “balseros”, impiden que la emigración entre ambos países tenga lugar de forma segura, legal y ordenada, según Ecured.

Ahora que parece avanzar el camino de la normalización de relaciones Cuba-USA, este asunto es necesariamente prioritario. Cuando Washington señala que no cambiará su política migratoria, la respuesta cubana, mesurada y firme, es que el tema debe ser resuelto y no emplearse para la agresión y la subversión.

En este, como en otros asuntos, a Washington la sobran contradicciones, y a Cuba, razones.

Fuente: Cubahora

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