(Por Emir Sader / Página/12)

Los escenarios electorales se repiten de forma muy similar en los países de gobiernos posneoliberales de América latina: a las candidaturas de los gobiernos se oponen siempre candidaturas de derecha. Aquéllas cuentan con las políticas sociales redistributivas, éstas con el monopolio privado de los medios de comunicación. Una toca a las condiciones de vida de la gran mayoría, la otra intenta tocar la conciencia de la gente.

No hay ninguna duda de que los gobiernos de Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador han mejorado de manera sustancial las condiciones de vida de las personas. La redistribución de renta, la disminución de las desigualdades, el aumento de las posibilidades de que las personas puedan encontrar formas dignas de supervivencia: todo apunta a esa dirección, que no es negada ni siquiera por la oposición.

Pero nadie tampoco niega el rol de los medios de comunicación privados, que se han vuelto, hace tiempo, el partido político de la derecha. Así, a menudo las campañas electorales miden los resultados de las políticas sociales en contra de la eficacia de los medios de comunicación.

La efectividad de las políticas sociales va creando un consenso entre quienes suelen votar masivamente por los candidatos de estos gobiernos, en que ven los méritos de esas políticas y de la perspectiva de su continuación. Las capas medias de las grandes ciudades son el blanco privilegiado de las campañas de los medios privados de comunicación, los cuales concentran su accionar en la difusión de la idea de que sus países andan mal, que los gobiernos eligieron el camino equivocado, que los Estados cobran demasiados impuestos, que son corruptos, que deberían restringir sus espacios en función de las iniciativas privadas, que no respetan la libertad de prensa, etcétera.

Así como las políticas sociales de los gobiernos posneoliberales son muy similares, las campañas de los medios de comunicación monopolistas parecen realizadas por una misma empresa privada, ya que son igualitas.

Si los gobiernos tienen problemas actualmente, las alternativas se ubican a su derecha y no a su izquierda. Los candidatos de la oposición –sea en Ecuador o en Venezuela, en Bolivia o en Brasil, en Argentina o en Uruguay – son los mismos de siempre, a veces hijos de los de siempre. La novedad está en que a veces dicen que van a mantener políticas de los actuales gobiernos. Esto sucede cuando se dan cuenta de que la gente puede querer adecuaciones, pero en el marco de la continuidad de las políticas actuales. Hacen como que van a mantener los avances sociales, pero cuando tienen que revelar su política económica y/o sus futuros ministros de economía, en caso de que ganaran –o alguien lo revela–, se ve que las políticas sociales actuales son absolutamente incompatibles con los enunciados básicos de los personeros conspicuos que asesoran los candidatos de la oposición.

El poder de los medios privados de comunicación da a la derecha un fuerte poder desestabilizador, al valerse de campañas de terrorismo económico, de denuncismo de supuestos escándalos del gobierno, quitando energías y poder de acción de los gobiernos. Pero esa misma derecha se muestra incapaz de generar candidatos y plataformas vencedoras en las elecciones, entonces tienen que apelar a esquemas golpistas para intentar romper la continuidad de los gobiernos progresistas. El esquema es similar en países como Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina.

Por eso es esencial romper con el monopolio privado de los medios de comunicación, que mantiene capacidad de influencia incluso en los países donde ya hay ley de regulación de los medios. Pero el objetivo esencial, con o sin esa regulación, es que los grandes sectores de la población, beneficiarios de las políticas sociales que caracterizan a esos gobiernos, tengan conciencia social de sus derechos y de qué fuerzas representan la garantía de esos derechos y cuáles representarían su fin.

Por lo tanto es necesario construir en el conjunto de la sociedad la hegemonía de las políticas posneoliberales, priorizando las políticas sociales redistributivas, lo cual significará el punto de no retorno para esos gobiernos.

Fuente: Página/12

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