A las tres administraciones norteamericanas demócratas que han estado en el poder en los últimos 57 años siempre les ha tocado lidiar con las crisis migratorias con Cuba…

(Por Iroel Sánchez / Cubahora)

Desde las declaraciones de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre, la prensa de la ciudad de Miami ha renovado su atención sobre los cubanos que por vías irregulares arriban o pretenden arribar a Estados Unidos.

Lo más reciente es el caso de profesionales de la salud que están en Colombia a la espera de visas estadounidenses después de haber abandonado la misión médica cubana en Venezuela para acogerse al Cuban Medical Parole Program (CMPP). Se han publicado reportajes dramáticos donde los médicos cubanos se quejan de las condiciones que viven en Bogotá y la ausencia de atención a situaciones de salud que están presentando. La congresista floridana Ileana Ros-Lehtinen se ha dirigido al Departamento de Estado y este ha emitido una declaración reafirmando la vigencia del CMPP.

El CMPP fue puesto en marcha por la administración de George W. Bush para obstaculizar las acciones de colaboración médica que Cuba brinda a poblaciones carentes en países del Tercer Mundo y que han sido elogiadas hasta por el propio gobierno de Barack Obama.

Más allá del CMPP, la emigración ilegal cubana hacia EE. UU. es estimulada por la Ley de Ajuste cubano de 1966, un arma propagandística surgida al calor de la Guerra Fría que permite obtener la residencia legal al año de haber tocado territorio estadounidense, lo que les facilita transitar el proceso hacia la ciudadanía mucho más rápido que el resto de los inmigrantes, partiendo de considerarlos refugiados políticos.

La relación cada vez más normal de esa emigración con Cuba, a donde los supuestos refugiados viajan por cientos de miles cada año a pasar vacaciones con sus familias, y el afán por preservar su base electoral incontaminada de una emigración que no comparte su hostilidad hacia la isla ha llevado a planteamientos contradictorios entre los congresistas de origen cubano que, aunque no han concretado ninguna reforma o propuesto eliminarla, sí han expresado —como Ros-Lehtinen— su molestia porque “no se puede afirmar que uno puede ser considerado perseguido por razones políticas en Cuba y, al mismo tiempo, regresar de visita”.

El gobierno de Barack Obama, a pesar de que como ha declarado el abogado cubano especializado en temas migratorios José Pertierra, puede con una acción ejecutiva dejar de otorgar la residencia automática porque la Ley de Ajuste le da poder discrecional al respecto, ha preferido —en una especie de trabajo de Sísifo— perseguir a cuentagotas a los pocos entre miles de contrabandistas y falsificadores que logra detectar, quienes al amparo de dicha legislación cometen fraudes, provocan muertes y nutren toda una red de tráfico humano muchas veces ligada a otros delitos como el narcotráfico.

Esto, a pesar de que fuera de Miami muchos políticos y académicos tienen la opinión de que la Cuban Adjust Act (CAA por sus siglas en inglés) debe ser derogada. Incluso, la exjefa de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba, Vicky Huddleston, lo ha pedido en el The New York Times para “fomentar una migración segura y ordenada, además de salvar vidas”.

Mirando la historia, a las tres administraciones demócratas que han estado en el poder en los últimos 57 años siempre les ha tocado lidiar con las crisis migratorias con Cuba: Johnson (Camarioca, 1965), Carter (Mariel, 1980) y Clinton (Balseros, 1994), las dos últimas azuzadas por la extrema derecha, justo cuando se preveían escenarios hacia un mejoramiento de las relaciones con Cuba.

Lo único inteligente que puede hacer el gobierno estadounidense es adelantarse a los que —a juzgar por la prensa de Miami— quieren conducirlo a una nueva crisis migratoria con Cuba y cesar la discrecionalidad que le permite la CAA. En paralelo, su popularidad en Miami y entre los cubanos de la isla aumentaría si acompañara esa decisión con un incremento en el otorgamiento de visas, en proporción con las cifras de emigrantes ilegales que anualmente admite desde Cuba. Sería muy consecuente después de décadas estimulando la emigración ilegal desde la isla y desactivaría la bomba que, muy visiblemente, en los mismos EE. UU., algunos están tratando de colocarle en el camino de su nueva política hacia La Habana.

Ver también: A Washington le sobran contradicciones y a Cuba, razones

Fuente: Cubahora

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