(Por La Jornada)
Al grito de «¡renuncia ya!» y en medio de una huelga general que mantiene paralizado al país, miles de personas, encabezadas por universitarios, marcharon este jueves en la capital de Guatemala para exigir la salida del presidente Otto Pérez, cuyo gobierno se encuentra cada vez más debilitado y aislado a raíz de su supuesto involucramiento en un fraude fiscal.
El presidente Pérez fue involucrado el pasado viernes con una red delictiva conocida como «La Línea», que cobraba sobornos a empresarios para eludir el pago de impuestos aduaneros.
El fraude fue revelado el 16 de abril por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.
Según la Fiscalía, Pérez es uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera junto a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo y se encuentra en prisión preventiva en un cuartel militar de la capital, desde donde será trasladada a una cárcel ordinaria para mujeres.
Al clamor de la calle en favor de la renuncia de Pérez se sumaron en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de Cuentas. Antes, la cúpula empresarial había pedido la dimisión del presidente.
En un escueto comunicado difundido la noche del miércoles la Procuraduría, que representa jurídicamente al Estado, le solicitó al mandatario «presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la nación».
La Contraloría General de Cuentas, el ente auditor de las cuentas del Estado, exhortó en un comunicado a que «en aras de mantener la paz social y ante las demandas de distintos sectores de la población, presente de manera inmediata su renuncia… para evitar mayores incidentes sociales» y autorizó a sus empleados a participar de la huelga.
Ambas instituciones se sumaron a la universidad pública que suspendió sus actividades y convocó a la marcha, que partió desde sus instalaciones y llegará al Palacio de Gobierno donde confluirá con las convocadas por las universidades privadas, que tampoco abrieron sus puertas. Organizaciones campesinas del interior del país y diversos sindicatos también marchan junto a los estudiantes.
«La evidencia de la corrupción es tan insoslayable que no ha quedado otra opción que lo que se está haciendo. La lógica de la corrupción y los datos que se han conocido sumada al cinismo político de algunos resulta insostenible para la población. Nosotros apostamos por el pueblo», dijo Eduardo Valdés, rector de la universidad jesuita Rafael Landívar.
Mientras las marchas transcurrían en la capital, otros grupos de manifestantes optaron por bloquear al menos 10 carreteras en el oeste y norte del país.
A las protestas se sumaron varias empresas que, con la consigna de «paro nacional» contra la corrupción, optaron por cerrar sus negocios, incluidas las transnacionales de comida rápida McDonald’s y Domino’s.
En el mercado San Martín, uno de los más grandes de la ciudad y que abre desde la noche, la mitad de los puestos estaban cerrados.
Pese a que el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales Financieras y Agrícolas de Guatemala, la organización empresarial más importante del país, pidió la renuncia del presidente hace una semana, no se ha sumado al paro nacional. Pero el pequeño comercio y la distribución adhirieron a la huelga.
«Está todo medio parado, los que madrugan a traer mercancía no han llegado, mis hijos no fueron a estudiar, el bus venía vacío, faltaron transportes», dijo Jorge Orozco, de 51 años, mientras colocaba cervezas en un refrigerador en el Mercado Central, que funcionaba a medias.
Durante la tarde y la noche del miércoles dio inicio una reacción en cascada de apoyo a la movilización. Decenas de empresas privadas llamaron al paro y anunciaron que cerrarían el jueves a través de carteles e imágenes publicadas en sus cuentas de redes sociales.
Desde la cadena de cafeterías más elegante, Café Saul, pasando por una peluquería, restaurantes, empresas de embalaje, supermercados o tiendas de electrodomésticos fueron al paro.
«Al igual que tú, estamos comprometidos y enamorados de la visión de una nueva Guatemala. Por eso este 27 de agosto nos unimos a la voz de los guatemaltecos para que Guatemala vuelva a nacer. Nuestras pizzerías están cerradas porque Guatemala lo vale», se lee en la imagen hecha pública en Facebook por una conocida cadena internacional de pizzerías.
Una papelería en el centro de la capital ofrecía cartulinas a mitad de precio con el eslogan #Yopormiguate.
Un periodista pudo observar menor movimiento en las calles y la ausencia de buses del transporte público. El Palacio de Gobierno, frente al que desde la madrugada se instalaron grupos de campesinos, estaba custodiado por una barrera de policías.
El paro y las marchas ocurren en medio de una intensa crisis política. El miércoles, la ex vicepresidenta Roxanna Baldetti fue enviada a prisión y la Corte Suprema solicitó al Congreso que se le retire la inmunidad al presidente Pérez Molina para poder juzgarlo por el mismo escándalo que a Baldetti.
Según la acusación de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la ex vicepresidenta recibió 50% de los sobornos que supuestamente recaudaba una estructura criminal integrada por funcionarios y particulares que gestionaban comisiones a cambio de evadir impuestos.
Desde el viernes y tras las denuncias de corrupción, 13 altos funcionarios -entre ellos siete ministros- renunciaron a sus puestos incluyendo el embajador ante las Naciones Unidas Fernando Carrera.
Los fiscales dijeron que en el caso hay 100 personas investigadas, al menos la mitad en prisión desde el 16 de abril cuando se destapó el escándalo. Baldetti renunció el 8 de mayo.
Fuente: La Jornada
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