Juan Manuel Santos habla sobre el acuerdo en materia de justicia en el proceso de paz

Alocución Presidencial sobre el acuerdo en materia de justicia en el proceso de paz con las Farc

La Habana, Cuba
23 de septiembre de 2015

Hoy es un día crucial y muy positivo en el avance de nuestro país hacia la paz y hacia la terminación de un conflicto armado que nos ha desangrado por más de medio siglo.

Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el Acuerdo Final que terminará nuestro conflicto armado: será el 23 de marzo del año 2016.

Repito: el 23 de marzo del año 2016.

A más tardar ese día –en exactamente 6 meses– estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia sino de toda América.

Y acordamos –además¬– que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del Acuerdo Final.

A lo mucho que hemos avanzado hasta ahora –los tres acuerdos ya alcanzados sobre desarrollo rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas, unidos al desescalamiento del conflicto armado que nos ha permitido vivir los dos meses menos violentos en los últimos 40 años– se suman estos anuncios trascendentales.

Pero hay algo más –de la mayor importancia–: hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia.

Este tema es tal vez el más difícil y el más complejo de definir. Así ha sido en todos los procesos de paz del mundo.

Se determinó crear una Jurisdicción Especial para la Paz que respete los principios que el mismo papa Francisco expresó hace unos días aquí, en su visita a La Habana: debe haber justicia y “respeto a la institucionalidad, al derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera”.

La Jurisdicción Especial que se va a crear se conformará –como corresponde– en el marco de nuestra Constitución y de nuestras leyes, respetando los lineamientos del derecho internacional a los que Colombia está obligada.

Es una jurisdicción que busca, ante todo, la satisfacción de los derechos de las víctimas –en particular el derecho a la justicia, pero también sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición–.

Y les da a las organizaciones de víctimas y de derechos humanos la oportunidad de intervenir para que se inicien los procesos judiciales y se sentencie a los responsables.

Por supuesto, la nueva jurisdicción también tendrá en cuenta las investigaciones y sentencias de nuestros fiscales y jueces. Es un trabajo de décadas que se valorará y será punto de partida esencial.

Y en esto quiero ser claro: no acordamos un sistema extrajudicial.

Todo lo contrario: acordamos una jurisdicción especial que va a investigar, juzgar y sancionar a través de un tribunal –con unas salas especializadas de justicia–, integrado por magistrados de las más altas calidades, a los responsables de delitos cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos.

Es común que a la terminación de los conflictos –y así lo establece el derecho internacional humanitario y lo permite nuestra Constitución– se otorguen amnistías o indultos por los delitos políticos y conexos.

Eso lo vamos a hacer en los términos que establezca una ley de amnistía que precise los criterios de conexidad.

Pero hay delitos que ni nuestra Constitución, ni el derecho internacional –ni sobre todo nuestra propia conciencia–, nos permiten amnistiar o indultar.

Delitos como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra, el secuestro, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual o el reclutamiento forzado de menores serán investigados, juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción.

Yo sé que para los colombianos es muy importante que los responsables de los casos más graves y representativos reconozcan sus delitos y cuenten la verdad.

Habrá sanciones de mínimo 5 años y máximo 8 años para quienes cumplan con este reconocimiento ante la justicia.

Estas sanciones tendrán un componente de restricción efectiva de la libertad, y otro de restauración y reparación a las víctimas.

Y para quienes no reconozcan su responsabilidad por los delitos más graves –y sean hallados culpables– habrá penas de hasta 20 años.

De esta manera se logra el objetivo que nos hemos trazado desde un principio: ¡UNA PAZ SIN IMPUNIDAD!

Y también habremos cumplido con la difícil tarea de alcanzar el máximo de justicia que haga posible la paz.

Quiero hacer especial énfasis en que ni este sistema de justicia ni esta jurisdicción están dirigidos exclusivamente a las FARC.

Todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, y cometieron delitos con ocasión de éste, pueden someterse a esta justicia transicional, incluyendo los agentes del Estado y –en particular– los miembros de la fuerza pública.

Como siempre les dije a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, no hay ninguna posibilidad de que haya un tratamiento especial de justicia para las FARC si no hay –al mismo tiempo– un tratamiento que puede ser diferenciado, pero simultáneo, equitativo y simétrico, para nuestros militares y policías.

Tampoco habrá posibilidad de que nadie se acoja a este sistema de justicia si no ha dejado antes las armas. ¡Así de claro! Y a quien reincida le caerá todo el peso de la ley.

Lo que logramos hoy, lo que anunciamos hoy, es una gran noticia para Colombia y también para el mundo.

Esta es la primera vez que un gobierno y un grupo armado ilegal –en un acuerdo de paz y no como resultado de posteriores imposiciones– crean un sistema de rendición de cuentas ante un Tribunal nacional por la comisión de crímenes internacionales y otros delitos graves.

Estamos sentando un precedente ante la comunidad internacional que puede dar esperanza para otros conflictos armados en el planeta.

Y nos acercamos a la paz, una paz que no será fácil, que exigirá el aporte y el trabajo de todos –en todas las regiones–, pero que nos permitirá por fin crecer y prosperar sin el lastre pesado de la guerra.

Una Colombia en paz brillará como una estrella fulgurante en el escenario internacional.

Una Colombia en paz nos permitirá avanzar mucho más rápido hacia la equidad.

Una Colombia en paz hará más fácil que nos convirtamos en la nación más educada de América Latina.

Una Colombia en paz será más segura porque la fuerza pública que se dedica a la guerra se concentrará en mejorar la seguridad de los ciudadanos, de los colombianos.

Una Colombia en paz atraerá más inversiones que crearán más y mejores empleos.

Una Colombia en paz nos convertirá en una potencia turística.

Una Colombia en paz cuidará mejor del medio ambiente, de esa biodiversidad maravillosa que debemos preservar.

Hoy damos un paso enorme hacia esa nueva Colombia, y los invito a que la construyamos JUNTOS.

Porque este horizonte positivo nos llama a construir, no a destruir; nos convoca a unirnos, no a dividirnos.

Hoy avanzamos mucho: aseguramos la justicia –la no impunidad– y pusimos plazos ciertos para acabar la guerra.

Pero, como lo he reiterado en diversas oportunidades, la última palabra la tienen los colombianos: serán ustedes, a través de la refrendación popular, quienes decidan si aceptan los contenidos de este acuerdo.

Nos falta culminar los últimos puntos –en los que la discusión está avanzando– pero la conclusión es una sola:

LA PAZ ES POSIBLE… ¡Y ESTÁ MÁS CERCA QUE NUNCA!

Muchas gracias.

Fuente: Presidencia de la República de Colombia

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