A un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa
A 365 días de la desaparición de los estudiantes, 60 reuniones entre el gobierno y las familias de las víctimas y solo dos de ellas con el presidente Peña Nieto, el expediente permanece con más incongruencias que certezas
Hace un año, pocos en el mundo podrían haber acertado siquiera en qué región quedaba la población de Ayotzinapa. Hoy, cuando se cumple el primer aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes para ser maestros en escuelas rurales a manos de policías corruptos y grupos criminales de dicha localidad mexicana, la palabra Ayotzinapa retumba en la conciencia latinoamericana como un grito que aclama atención y justicia.
A 365 días; 60 reuniones entre el gobierno y las familias de los desaparecidos, solo dos de ellas con el presidente, Enrique Peña Nieto; la intervención de dos instancias internacionales y el masivo despliegue comunicacional sobre el caso, el expediente de Ayotzinapa permanece abierto, con más incongruencias que certezas, mientras que el pueblo mexicano continúa en las calles exigiendo respuestas.
Este 26 de septiembre –que la Convención Nacional Popular de México ha convenido llamar Día de la Indignación–, familias que, como las de los 43, han sufrido la desaparición de sus seres queridos, marchan en la capital mexicana y en otros puntos del país demandando un replanteamiento del caso Ayotzinapa, así como una revisión seria de la raíz de la problemática (vinculada a carteles de droga, corrupción y un ataque sistematizado contra las poblaciones rurales) y de los más de 20.000 casos que en los últimos siete años han quedado sin conclusión.
Igualmente, el jueves 24 los padres de los 43 comenzaron una huelga de hambre simbólica de igual número de horas, poco ante de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto en Ciudad de México. Tras dicho encuentro el gobierno anunció una serie de medidas unilaterales e ignoró las ocho peticiones hechas por el Movimiento Ayotzinapa, referidas a la creación de una unidad especializada en el caso, el reconocimiento público de que el caso no se ha cerrado, el relanzamiento de la búsqueda, entre otras.
La mentira histórica
Un año después del crimen, aún no está claro que sucedió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27. Un documental que eleva las voces de algunos sobrevivientes (24 horas en Ayotzinapa, Telesur) relata que aquella noche los jóvenes salieron de la escuela Raúl Isidro Burgos hacia el centro del municipio Iguala (en el departamento sureño de Guerrero), a 120 kilómetros, con el objetivo de protestar. En el camino fueron interceptados por policías municipales que dispararon, hiriendo a 25, y se llevaron detenidos a 46, de los cuales tres fueron hallados muertos (uno con la cara desollada), otro fue identificado como incinerado y del resto se desconoce el paradero.
Sobre el destino de los 43, el gobierno mexicano dijo en noviembre pasado que, a partir de un «análisis lógico-causal» y de los testimonios de tres de los implicados en las detenciones y desapariciones, la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que los jóvenes habían sido retenidos por policías municipales y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que se encargó de asesinarlos e incinerarlos en un basurero de Cocula (municipio vecino de Iguala), arrojando posteriormente sus restos al Río Cocula.
Sin embargo, dicha versión oficial, que el entonces procurador Murillo Karam llamó «la verdad histórica», dio paso a más cuestionamientos. Investigaciones posteriores, en las que intervino un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalaron que no se registró un fuego de tal magnitud, como para cremar cuatro decenas de cuerpos, en la zona; los jóvenes no iban a protestar sino a rescatar a otros compañeros que habían sido secuestrados en la central de autobuses de Iguala y funcionarios del Ejército y la inteligencia mexicana estuvieron al tanto de la situación que ocurría, pero no actuaron.
Además, destacaron que las evidencias fueron manipuladas y otras destruidas, hubo una descoordinada participación de más de 52 fiscales al mismo tiempo y, por lo tanto, al menos cuatro versiones distintas sobre lo que sucedió.
Actualmente, hay 111 detenidos y ninguna sentencia. De esos, 52 eran policías municipales de Iguala, 19 de Cocula y 40 más vinculados al crimen organizado en Guerrero, así como el ex alcade de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes fueron señalados como los autores intelectuales de la posible matanza.
Verdad histórica
La verdad histórica que el caso Ayotzinapa puso sobre el tapete no permite más maquillaje por parte del gobierno. En México, la escalofriante cifra de desapariciones forzadas asciende a más de 23.000 casos registrados sólo a partir de 2007, la mitad de ellos durante la presidencia del actual jefe de Estado Enrique Peña Nieto, con solo seis condenas desde que dicho flagelo fue calificado como delito federal en 2001.
En esta nación norteamericana, en la que la guerra contra el narcotráfico impulsada con la asesoría de Estados Unidos ha servido para justificar las agresiones desde el Estado contra ciudadanos por razones políticas, la desaparición de los 43 estudiantes fue un alerta sobre la violencia y el desamparo al que está expuesto el pueblo mexicano, revelando, sólo con su búsqueda, 70 fosas comunes en los alrededores de Iguala.
Además de la violencia y la impunidad, este caso muestra la criminalización y represión a la que están sometidas las comunidades de las escuelas normales rurales, las cuales fueron instauradas en 1924 por la Revolución Mexicana como una solución para la alfabetización de las comunidades más pobres y, con la llegada de gobiernos neoliberales, han sido objeto de persecución por motivos ideológicos.
La de Ayotzinapa es un internado al que asisten unos 560 jóvenes, salen con el título de maestros normalistas y tienen la misión de seguir con este proceso en las zonas rurales. Este año sus actividades han sido interrumpidas por la tragedia de los 43 y las familias afectadas se congregan en el lugar para dirigir sus acciones de lucha. JGP
Fuente: VTV
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¡Vivos los queremos, porque vivos se los llevaron!
Estos son sus nombres. Si los olvidamos, ganan ellos.
– Abel García Hernández
– Abelardo Vázquez Peniten
– Adán Abrajan de la Cruz
– Alexander Mora Venancio
– Antonio Santana Maestro
– Benjamín Ascencio Bautista
– Bernardo Flores Alcaraz
– Carlos Iván Ramírez Villarreal
– Carlos Lorenzo Hernández Muñoz
– César Manuel González Hernández
– Christian Alfonso Rodríguez Telumbre
– Christian Tomas Colon Garnica
– Cutberto Ortiz Ramos
– Dorian González Parral
– Emiliano Alen Gaspar de la Cruz.
– Everardo Rodríguez Bello
– Felipe Arnulfo Rosas
– Giovanni Galindes Guerrero
– Israel Caballero Sánchez
– Israel Jacinto Lugardo
– Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa
– Jonas Trujillo González
– Jorge Álvarez Nava
– Jorge Aníbal Cruz Mendoza
– Jorge Antonio Tizapa Legideño
– Jorge Luis González Parral
– José Ángel Campos Cantor
– José Ángel Navarrete González
-José Eduardo Bartolo Tlatempa
-José Luis Luna Torres
-Jhosivani Guerrero de la Cruz
-Julio César López Patolzin
-Leonel Castro Abarca
-Luis Ángel Abarca Carrillo
-Luis Ángel Francisco Arzola
-Magdaleno Rubén Lauro Villegas
-Marcial Pablo Baranda
-Marco Antonio Gómez Molina
-Martín Getsemany Sánchez García
-Mauricio Ortega Valerio
-Miguel Ángel Hernández Martínez
-Miguel Ángel Mendoza Zacarías
-Saúl Bruno García
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Presentamos, a modo de homenaje a los 43, escritos, gráficas y convocatorias solidarias que, desde distintas partes del mundo, hacen llegar su apoyo solidario a las familias de los estudiantes desaparecidos.
Declaración de Resistencia
Declaración de Resistencia de los jóvenes estudiantes de la Preparatoria comunitaria «José Martí» de San Francisco Ixhuatán, Oaxaca, México. Con audio editado por Radio Presente de Argentina, y edición de fotografía de Francisco Trujillo, estudiante de la preparatoria.
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Galería de imágenes (click para ampliar)
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