(Por Adalys Pilar Mireles / Prensa Latina)

Bogotá, 23 feb (PL) El proceso pacifista entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP deberá sortear un nuevo impasse a fin de avanzar en los restantes puntos de la agenda de conversaciones y perfilar el fin del conflicto.

A tres años del inicio de las pláticas en Cuba, equipos gubernamentales y de ese grupo insurgente deberán reanudar tales debates en fecha próxima con el reto de establecer las condiciones para el cese el fuego bilateral, la dejación de las armas, desmovilización y reintegración a la sociedad de los ahora combatientes.

Resta igualmente conciliar posiciones en relación con el mecanismo más adecuado para refrendar por la vía popular el conjunto de pactos, pues mientras el Ejecutivo opta por un plebiscito las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), demandan una Asamblea Nacional Constituyente.

De por sí complejo, el proceso de negociaciones tendrá que superar adicionalmente la crisis surgida a raíz de la visita a Colombia de voceros de ese movimiento rebelde en las gestiones pacificadoras, con el objetivo de socializar los consensos logrados en La Habana.

El encuentro en el caribeño departamento de La Guajira, al que acudieron también pobladores, fue reprobado por el Ejecutivo tras considerar que los representantes de las FARC-EP violaron protocolos para su estancia aquí, debido a la presencia de civiles junto a guerrilleros armados.

En tanto esa agrupación calificó de injustificada la polémica y aseguró que no transgredió ninguna norma, asimismo defendió su derecho a conversar sobre el contenido de los tratados rubricados en la capital cubana, tanto con sus tropas como con la ciudadanía.

El episodio, que generó criterios a favor y en contra, provocó tensión entre ambas partes las cuales pese al desacuerdo coinciden en la necesidad de limar asperezas y proseguir con los diálogos en busca de la distensión.

En medio de la controversia el presidente Juan Manuel Santos anunció que los países garantes de las conversaciones (Cuba y Noruega) ofrecieron sus buenos oficios para hallar un arreglo y mejorar el clima entre las dos delegaciones de negociadores.

A la espera de tales diligencias, preocupa también el intervalo establecido previamente para concluir los debates con un convenio de paz.

Terminar las discusiones a más tardar el 23 de marzo, fecha proyectada en meses previos, parece posible para el Ejecutivo y sus portavoces.

Sin embargo los delegados de la insurgencia son más cautelosos y evitan ratificar a ciegas ese tipo de compromiso al argumentar que los prolongados análisis acerca de la justicia transicional retrasaron el cronograma previsto inicialmente.

Mientras terceros opinan que más allá de los plazos fijados, lo verdaderamente importante es poner fin a la confrontación bélica mediante una salida política, posibilidad que resulta creíble para muchos colombianos.

Luego de tres años de reuniones en Cuba ambos equipos construyeron de conjunto pactos en asuntos como reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y víctimas.

Persistimos en el llamado a las partes para avanzar de forma expedita en la firma del acuerdo final, afirmó la plataforma Marcha Patriótica, luego de rechazar cualquier ultimátum o imposición que ponga en peligro lo alcanzado en la mesa de encuentros.

No obstante lo controversial y complicado de estos esfuerzos, el proceso de acercamiento con el también insurgente Ejército de Liberación Nacional (ELN) es, sin dudas, uno de los mayores desafíos para garantizar un escenario pacífico estable y duradero, sobre todo porque todavía no existe un pronóstico para el comienzo de las pláticas oficiales con el Gobierno.

La contienda interna ha dejado unos 300 mil muertos, más de seis millones de desplazados y millares de desaparecidos.

Tal realidad explica las razones por las que víctimas de la conflagración, políticos y defensores de derechos humanos respaldan esperanzados la perspectiva de la paz.

Fuente: Prensa Latina