En apenas cien días de gestión, la administración PRO desarticuló con despidos masivos áreas clave para la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia.

Cuando Mauricio Macri brindó su primera conferencia de prensa como presidente electo se comprometió a darles continuidad a los juicios a represores. “Garantizo que la Justicia tendrá la independencia para continuar con su tarea”, afirmó. Su compromiso quiso despejar una duda pero generó otra mayor: ¿cuál sería el rol del Ejecutivo?

Las palabras no dichas toman otro peso a sólo 100 días de haber asumido la Presidencia, con despidos estratégicos y el desmantelamiento de áreas clave en varios ministerios que aportaban al esclarecimiento de los delitos de la última dictadura.

Desde el Juicio a las Juntas hasta la actualidad fueron condenados 669 represores en 156 juicios, la mayoría de ellos desde la reapertura de las causas en 2005. Los despidos y el desguace de los últimos 100 días, sin embargo, pusieron en alerta a los organismos de Derechos Humanos que advierten sobre el riesgo de continuidad de los juicios a largo plazo.

La Secretaría de Derechos Humanos fue uno de los ejes de esa política y fue allí donde se produjo la mayoría de los despidos, con más de 50 personas desafectadas en diferentes áreas: tres en el Archivo Nacional de la Memoria, nueve en la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad (DNGV) y en el Centro Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos «Dr. Fernando Ulloa», y 12 de maestranza, entre muchos otros. En apenas unos días, el panorama empeorará: el 31 de marzo, se vencen 140 contratos de los que sólo la mitad sería renovada.

“Las políticas públicas que llevamos adelante están siendo desarticuladas”, denunciaron los trabajadores en un comunicado. “Hacemos una lectura política de los despidos porque están echando compañeros que trabajaron 12 años. Tiene que ver por un lado con la persecución ideológica y por otro con una política de achicamiento”, resumió Romina Chiesa, delegada de ATE Capital en la Secretaría.

A des-adjetivar

Desde la asunción del secretario de DD HH y Pluralismo Cultural, Claudio Avruj, hubo dos reuniones de las nuevas autoridades y el ministro de Justicia, Germán Garavano, con los abogados querellantes de todo el país en los juicios. Si bien el gobierno ratificó el compromiso de continuar con los juicios orales, pidió a los abogados que «desadjetiven» sus intervenciones para quitarle carga política a escritos y alegatos. “Los juicios siguen, pero va a empezar una nueva etapa. A partir de ahora el trabajo será profesional, técnico, y les pido que esté desprovisto de todo tipo de reivindicación política o partidaria: desadjetivado. A los imputados no les vamos a decir asesinos sino imputados u homicidas”, repitieron los funcionarios.

Domiciliarias

Días después de la victoria macrista en el balotaje comenzaron a escucharse las primeras llamadas a la Secretaría de DD HH: “Ya cambió el gobierno y yo sigo detenido”, decían los mensajes. El reclamo casi cotidiano por carta o teléfono era la prisión domiciliaria o el retiro de la Secretaría como querellante.
Si bien circulan rumores de notas que salen del área argumentando a favor de que los represores mayores de 70 salgan de la cárcel, por ahora sólo se conoció una declaración pública de Avruj al respecto. «Creo que el tema de la excarcelación de la gente de más de 80 años o de más de 70 tiene que ser igualitaria para todos», dijo el funcionario a la prensa.

“Sin trabajadores no hay derechos”

La frase empapeló las oficinas del Centro Ulloa, una de las áreas más sensibles de la Secretaría. Allí se presta asistencia y acompañamiento a víctimas y testigos de delitos de lesa humanidad. “El Ulloa hace tres meses que está sin dirección. Funciona porque los profesionales que lo componemos hacemos que funcione, pero los despidos afectan la admisión y el tratamiento de las personas”, señalaron Tatiana Sfiligoy y Lucia Medina. Entre el Ulloa y la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad (DNGV) ya despidieron a nueve personas y al 90% de los trabajadores se le vence el contrato el 31 de marzo. Además de víctimas del Terrorismo de Estado, allí se acompaña a ciudadanos afectados por casos de violencia institucional y de Cromañón.

Verdad y Justicia

El Programa Verdad y Justicia, creado en el Ministerio de Justicia tras la desaparición de Jorge Julio López para procurar seguridad a testigos y víctimas, pasó a la órbita de la Secretaría con diez personas menos.

El programa, que quedó a cargo de Mariano Fridman tras la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta, despidió a especialistas que durante años hicieron de nexo entre Tribunales y víctimas para evitar que las notificaciones fueran entregadas por fuerzas de seguridad. También realizaban informes de riesgo para resguardar su integridad.

Ministerio de Seguridad

En 2011 la ex ministra Nilda Garré creó la Dirección Nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Seguridad. Su función más importante debía ser colaborar con la Justicia en causas e investigaciones relativas a los delitos de lesa humanidad, pero también había un espacio de Género, otro de Violencia Institucional y un Grupo Especial de Asistencia Judicial (GEAJ) para supervisar los allanamientos de recolección de ADN de personas que se sospechaba podían haber sido apropiadas durante la última dictadura militar. En menos de cinco años desde la Dirección se remitieron unas 3500 unidades documentales a distintas investigaciones judiciales y allí se elaboró, por ejemplo, un mecanismo de identificación de cadáveres NN que permitió dar con el paradero de 37 personas desaparecidas, entre ellas, el de Luciano Arruga.

Al asumir Patricia Bullrich, las autoridades solicitaron todas las resoluciones vinculadas a la Dirección y comenzaron a analizar cómo aplicar el “cambio” que prometió Macri en su campaña. Días después enviaron al Ministerio de Modernización un nuevo organigrama en el que se ya no figuraba un área de Derechos Humanos. Además, se despidió a 15 de los 33 miembros de la Dirección, entre ellos los integrantes del equipo de investigación, el GEAJ, el de cotejamiento de huellas digitales y de Género.

Según describen los despedidos, antes de quedarse sin empleo se les ordenó que pusieran todos los documentos originales en cajas para ser enviados al depósito que el Ministerio tiene en la sede de San Juan y Catamarca. Todo el resto de los papeles que formaban parte del trabajo cotidiano del equipo fue donado como material reciclable al Hospital Garrahan. Se llenaron unas 20 bolsas de consorcio.

«Deskirchnerizar»

“La gestión macrista plantea que hay que desideologizar los Derechos Humanos pensando que esta es una política partidaria. Por tanto, para ‘deskirchnerizar’ el Estado, empezaron por desmontar unidades de Derechos Humanos”, explicó Natalia Federman, responsable de la Dirección del área del Ministerio de Seguridad desde su creación hasta 2014. “También creen que una política de Derechos Humanos se puede focalizar en una sola oficina, cuando una política de Derechos Humanos es darle una impronta tal a toda la gestión”, añadió.

Defensa

En 2007, Garré había ordenado el armado de un equipo similar dentro de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. Además del aporte a las causas, esta área colaboró con el hallazgo de las «Actas secretas de la Junta Militar» y las desclasificaciones de documentación sobre Malvinas.
En la actualidad el Equipo de Relevamiento cuenta con 13 trabajadores, de los cuales ocho tienen contrato hasta fin de año y a cinco se les venció el 31 de diciembre. Según les informaron, su renovación está en trámite y se extendería sólo hasta mitad de año. Hasta el momento están sin cobrar y en estado de alerta. “Es imperioso que los equipos continúen como están, con el mismo personal especializado. No se puede desbaratar un programa, no se puede empezar de cero, no tenemos tiempo”, aseguró la fiscal federal Mercedes Soiza Reilly, quien encabeza la unidad especializada en la causa ESMA.

Delitos económicos

Los delitos cometidos durante el Terrorismo de Estado no sólo estuvieron vinculados a hechos represivos. Por eso, bajo la gestión de Alejandro Vanoli se creó en 2011 la Oficina de Derechos Humanos en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y, en 2014, una subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos en el Banco Central para investigar los delitos económicos, material que también fue aportado a la Justicia. Con su llegada a la dirección del BCRA, Federico Sturzenegger ordenó a la Consultora PSM una auditoría al área que terminó por obturar la investigación de delitos económicos y, después de formalizar cinco despidos, rebautizó a la dependencia como Subgerencia de Ética y Compliance (cumplimiento en inglés). En la CNV, el área se desarticuló, pero sus trabajadores fueron reubicados.

La difusión de los juicios

La agencia del Ministerio de Justicia Infojus tampoco se salvó del “cambio” en el mismo sentido. Despidieron a 19 de los 40 empleados, en su mayoría los que se encargaban de la cobertura de los juicios por delitos de lesa humanidad. A eso se sumó que se eliminaron de la Web más de 10 mil notas, muchas de las cuales hacían referencia a esta temática.

Caso Arruga

Luciano Arruga fue visto por última vez en la madrugada del sábado 31 de enero de 2009. Desde entonces y hasta el 17 de octubre de 2014 estuvo desaparecido. Su cadáver había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita y durante más de cinco años su familia había peregrinado por la Justicia para dar con su paradero. Todo cambió a partir del pedido de hábeas corpus. “El hallazgo fue posible porque aplicamos una metodología de trabajo que veníamos trabajando para la dictadura para un caso del presente”, destaca Federman, a cargo de la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad en ese momento. Ellos fueron convocados a una comisión interinstitucional que se conformó ad hoc y allí propusieron utilizar el mecanismo de identificación de cadáveres NN que habían desarrollado junto con el EAAF para los casos de desapariciones. Se trataba de emplear el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) del Ministerio con los registros de las personas desaparecidas. Se corrió una búsqueda con la información de Luciano y en menos de 24 horas se dio con su paradero. Sin embargo, la Dirección que contribuyó a su hallazgo acaba de disolverse.

Fuente: Tiempo Argentino

Ver: Editorial de New York Times: Lo que Obama debe saber sobre la Argentina de Macri

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