(Por Ángel Guerra Cabrera)

En el momento que escribo sólo faltan horas para que el golpe de Estado parlamentario-judicial-mediático en Brasil se haya consumado al estilo hondureño o paraguayo. No importa que la mayoría de intelectuales, artistas y movimientos sociales se hayan manifestado en contra durante semanas, que ninguna personalidad prestigiosa en Brasil, o en el mundo, lo haya apoyado.

La mayoría del Senado de Brasil aprobaría esta madrugada, pese a carecer de fundamento jurídico, el juicio político, o impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Ella, conviene insistir, no ha cometido «delito de responsabilidad», requisito fijado por la Constitución para abrir el juicio político. El procedimiento es tan obvia y escandalosamente grotesco que hasta la fétida OEA y su pendular Comisión Interamericana de Derechos Humanos han puesto reparos. No, claro, con el desvelo y afán de su secretario general por servir al imperialismo contra Venezuela.

Suponiendo que la presidenta hubiera incurrido en la falta que se le imputa, no pasaría de ser una pequeña infracción administrativa que no amerita una medida de la magnitud de la tomada, según opinan abogados eminentes de Brasil. Protagonistas de esta conjura atroz y decadente: una Cámara de Diputados y un Senado, cuya mayoría está formada por vividores e ignorantes, representantes no de los intereses de sus electores sino de los grandes negocios. Sean los del agribussines, los que abogan por la industria de armamentos y las empresas de seguridad privada, o la pintoresca y oscurantista cofradía de pastores y activistas pentecostales.

Casi todos ligados a grandes trasnacionales como Monsanto y Syngenta o a gigantescos emporios financieros como el de George Soros, Goldman Sachs y otros de la misma calaña, gestores –con la complicidad o el auspicio de Washington– de golpes de Estado, guerras civiles y demolición de países.

Hay que añadir una hornada de jueces venales y un Tribunal Supremo Federal que sirven, salvo excepciones, a quien mejor les pague. Otra fuerza decisiva, ésta sí verdadero estado mayor del golpe, es la integrada a escala nacional por la red multimedios Globo, la revista Veja y los diarios O Estado de Sao Paulo y Folha de Sao Paulo. A escala internacional, gran parte de la mafia mediática ha participado en el linchamiento a Dilma, Lula y los gobiernos del PT, pero se llevan las palmas los británicos Financial Times y The Economist, y el estadunidense The Wall Street Journal. Sus nombres lo dicen todo.

Conviene hacer un poco de historia. El gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso dejó al de Lula una honda crisis económica, inflación desbocada, astronómica deuda pública, desgarramiento del tejido social, desarticulación del Estado y profundización de las desigualdades e injusticias abismales que padece el país hace siglos; una de ellas, la injusta distribución de la tierra. Otra, una ley electoral que impide la participación popular. Para el sindicalista y para Dilma ha sido muy difícil gobernar.

Para hacer avanzar su agenda social han mantenido una alianza y conciliado con sectores y partidos burgueses y convenencieros y en esas condiciones enfrentado una embestida feroz de la derecha y la gran prensa oligárquica que intentó desaforar a Lula en 2005. Así y todo, la gestión del PT ha sido revalidada por los electores en tres comicios presidenciales consecutivos, incluida la muy hostigada relección de Dilma en 2014, con un margen más ajustado que los anteriores pero ascendente a la muy respetable cifra de 54 millones de votos, más de 3 millones sobre su rival Aécio Neves.

Ante el hecho consumado del golpe queda mucho por hacer. Habrá lucha como han dicho Lula y Joao Pedro Stédile y todos los referentes del Movimiento de los Sin Tierra, del Bloque Brasil Popular, Brasil sin Miedo, la central obrera CUT, la UNE y el interesante Levantamiento de la Juventud. Los golpistas carecen de consenso salvo en la elite y el sector fascista de la clase media.

Hay que aprovechar muy bien los 180 días que tiene el Senado para concluir el juicio sobre Dilma. Persuadir con movilizaciones masivas al número de senadores necesario para imponer su absolución en la votación final. Abrir un debate nacional sobre la monstruosidad en curso y el proyecto de país deseado, capaz de conducir a la derrota del golpe, pero también a una Asamblea Constituyente, con reforma agraria, reforma política y ley de medios que permitan un gran ensanchamiento de la democracia.

Fuente: La Jornada

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