(Por Modaira Rubio)

La oposición parlamentaria venezolana realizó formalmente la  solicitud  ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se “aplique” la Carta Democrática Interamericana en nuestro país, bajo el pretexto de que existe “falta de separación de poderes y violación de los Derechos Humanos”.

La intención explícita  de esta petición, es propiciar una intervención extranjera en los asuntos internos nuestra nación; así lo evidencian  las manifestaciones que grupos opositores convocaron  a las puertas de algunas embajadas para exigir a otros gobiernos que respalden la invocación de la Carta Democrática.

¿Qué es la Carta Democrática Interamericana?

En la III Cumbre de las Américas celebrada en Québec, Canadá, en 2001, se aprobó, con reservas de Venezuela, la declaración política  preparatoria a la Carta Democrática Interamericana.

En esa ocasión el presidente Hugo Chávez dejó en claro que el Gobierno Bolivariano no defendía cualquier democracia, que la misma debía tener el carácter participativo, es decir, contar con el visto bueno de las mayorías.

Durante el debate para la redacción definitiva de la Carta Democrática, el entonces representante de Venezuela ante al OEA, embajador Jorge Valero, manifestó el desacuerdo de la delegación nacional con ciertas ambigüedades presentes en el documento. Para entonces, Venezuela advirtió que  el contenido podía prestarse a distintas interpretaciones. Sin embargo, el texto fue aprobado sin tomar en cuenta las observaciones de Venezuela.

De este modo, se concretó la ahora famosa claúsula democrática contenida en los artículos 19 y 20 de la Carta, que son los citados por la oposición venezolana y la derecha estadounidense cuando justifican la necesidad de la aplicación del documento en el país.

Este instrumento jurídico, concede facultades a la OEA o a uno de sus miembros para solicitar que se inicien las discusiones a objeto de determinar si existe ruptura del orden democrático en un país que integre la organización. De comprobarse, se procedería a  convocar al Consejo Permanente para examinar el caso. El procedimiento está establecido en los artículos 19 y 20, pero para ser aprobada la separación de un país del sistema interamericano se debe contra con la mayoría simple de votos.

En la Carta Interamericana  no se establecen sanciones específicas a un país, las mismas serían determinadas durante la discusión en la que se decide activar el mecanismo.

La Carta fue aplicada en Honduras, tras el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya por un golpe de Estado, el 4 de julio de 2009, con voto favorable de 33 países. Honduras fue suspendida de la OEA. La delegación del gobierno de facto hondureño salvó su voto. Dos años después, en 2011, tras un complejo debate, Honduras volvió a ser miembro de la organización.

En 2002, el Grupo de Río, conformado por Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, en reunión extraordinaria se celebraba en San José de Costa Rica el 12 de abril, instó a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana para restituir la normalidad democrática en Venezuela y restablecer el orden constitucional.

El Consejo Permanente de la OEA, el 13 de abril, condenó enérgicamente el golpe de Estado en Venezuela y ordenó una comisión para evaluar la situación de los hechos.

En el actual contexto del golpe no convencional en el que se encuentra Venezuela, la  suspensión del país sería evaluada como una sanción más bien de carácter moral al Gobierno Bolivariano al considerar que no cumple con el requisito establecido en la Carta, de promover y defender la democracia y los derechos humanos. La medida se traduciría en un aislamiento diplomático  y eventualmente comercial, al suspenderse algunos acuerdos y convenios.

Quienes insisten en la necesidad de aplicar la carta a Venezuela, son la ultraderecha estadounidense y la contrarrevolución venezolana.  La MUD la cataloga como una herramienta para acelerar  “la salida” del gobierno de Nicolás Maduro y convocar a nuevas elecciones presidenciales.

La congresista republicana  Ileana Ros-Lehtinen señaló hace pocos días: “Maduro continúa manipulando el sistema judicial para reprimir la voluntad del pueblo de Venezuela y falsamente pretende que la Ley de Amnistía, la cual fue recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, es inconstitucional. Esta decisión viene del mismo sistema judicial corrupto que, llevando a cabo las órdenes de Maduro, sentenció a activistas políticos inocentes como Leopoldo López… La administración del Presidente Obama y las demás naciones y actores responsables en nuestro Hemisferio deben unirse para resistir y penalizar las acciones ilegales y destructivas del régimen de Maduro… es hora que la OEA invoque el Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y solicite la convocatoria inmediata del Consejo Permanente.”

Esta es la visión de la derecha gringa. La activación de la Carta Democrática sería un aval para dar el ejecútese  pleno al Decreto Obama e imponer sanciones económicas a instituciones como el Banco Central de Venezuela o  Petróleos de Venezuela (PDVSA); criminalizar a funcionarios de todos los poderes públicos del Estado venezolano, incluyendo al mismo Jefe de Estado y finalmente propiciar una intervención militar estadounidense.

No por casualidad, el internacionalista de la oposición Carlos Romero señaló que en caso de que se aplicara la Carta Democrática quedaría “deslegitimado” el Ejecutivo de Venezuela en el marco de la OEA. Claramente se asume que el propósito es deslegitimar al Gobierno Bolivariano para que se  pueda catalogar como un Estado fallido cuya inestabilidad sería “una amenaza” para la seguridad del hemisferio.

Para contener esa nefasta iniciativa del imperialismo estadounidense y su brazo diplomático en la OEA, la única opción posible es la movilización y la organización popular en torno al firme objetivo de defender la independencia  y la soberanía del país.

Fuente: PSUV