(Por Ángel Guerra Cabrera / La Jornada)

La retención en Panamá de casi 4 mil migrantes cubanos, cifra que va en ascenso, ha prolongado la crisis política creada en noviembre pasado, cuando ocurrió algo parecido en Costa Rica, y amenaza con empeorarla. En aquella ocasión el problema pareció solucionarse cuando El Salvador y Guatemala propiciaron el tránsito terrestre y aéreo de los viajeros a México, en ruta hacia Estados Unidos. Los tres gobiernos declararon que la medida era excepcional y no se repetiría. Por su parte, Costa Rica cerró su frontera con Panamá mediante un fuerte contingente policiaco y así continúa. Lo mismo ocurre con Nicaragua, que lo había hecho antes.

Sin embargo, los hechos han demostrado que aquella salida fue sólo un paliativo, pues la causa principal de la crisis sigue vigente. Dígase lo que se diga, la Ley de Ajuste Cubano, promulgada por Estados Unidos en 1966 con fines desestabilizadores contra Cuba, es un estímulo permanente a la emigración irregular, insegura y desordenada de sus ciudadanos hacia ese país.

Costa Rica ya volvió a sufrirlo a mediados de abril cuando más de mil cubanos irrumpieron por la fuerza en su territorio desde Panamá y su gobierno debió devolverlos al país vecino que, curiosamente, conserva abierta su frontera.

San José convocó a una reunión para intentar una solución a la crisis, a la que asistieron vicecancilleres de todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, además de Ecuador, México y Estados Unidos. Allí quedó claro que Costa Rica –al igual que Nicaragua– mantendría el cierre de su frontera sur y que México no estaba dispuesto a aceptar de nuevo migrantes irregulares cubanos en tránsito al vecino del norte, de modo que las autoridades de San José formularon una declaración, que entre otros puntos afirmaba: las diversas normativas de Estados Unidos que promueven y dan privilegios para el ingreso a ese país, incitan a la migración cubana irregular, constituyen un incentivo perverso a la migración y favorecen las condiciones para el tráfico ilegal de personas. Una sentencia que podía haber suscrito la cancillería cubana.

Como esta otra sobre el mismo tema contenida en un editorial de The New York Times: los privilegios migratorios únicos de que gozan los cubanos comienzan a crear problemas a Estados Unidos y a otros países, que en contraste tratan de manera severa a los migrantes de los demás países, incluyendo niños. El rotativo agregó que la aplicación de la Ley de Ajuste Cubano es un obstáculo en el proceso de normalización de relaciones con Cuba y que si el Congreso no hace algo, Obama posee facultades ejecutivas para abstenerse de aplicarla.

Imaginemos qué ocurriría si Estados Unidos decretara una ley semejante para mexicanos y centroamericanos, que les permitiera libre entrada en ese país por vía terrestre, les otorgara permiso de trabajo automático, facilidades para establecerse y derecho a la residencia.

A la vez que sometida a un bloqueo criminal, principal obstáculo a su desarrollo económico, Cuba sufre las consecuencias de esa otra agresiva norma estadounidense hace medio siglo. Incluso después del restablecimiento de relaciones con la isla y de cierto alivio a la asfixia decretado por Obama. ¿Por qué Washington no otorga un número mucho mayor de visas a cubanos? ¿O es que mantiene el desaforado empeño en promover que ingresen irregularmente a su territorio para desacreditar a Cuba?

La prolongación de esas medidas punitivas por el norte revuelto y brutal le hacen un grave daño a la isla en un momento en que experimenta un cambio de modelo económico dentro del ideal socialista, sin haberse desprendido todavía totalmente del modelo anterior ni haber madurado el nuevo.

Pero si el gobierno de Panamá –como hicieron los de Costa Rica y Nicaragua– hubiera cerrado su frontera al tráfico de cubanos, se habría podido evitar la prolongación de esta crisis, que suscita muchas dudas sobre su conducta. Encima de los miles de dólares per cápita que deben invertir los isleños para llegar por avión a Sudamérica y en traficantes para llegar hasta el istmo, ¿quién paga allí por albergarlos, alimentarlos y ofrecerles atención médica durante meses, en contraste con el maltrato, abusos y vejámenes prodigados a otros migrantes?

Al parecer la vicepresidenta y canciller panameña Isabel De Saint Malo sostiene relaciones cercanas en extremo dentro del gobierno de Estados Unidos y funcionarios de ese país conservan estrechos vínculos con la contrarrevolución de Miami. ¿Será?

Twitter:@aguerraguerra

Fuente: La Jornada