(Por José Gabriel Martínez*)

La Habana (PL) Mayo trajo avances sustanciales en el proceso pacifista que desde 2012 protagonizan en La Habana delegaciones de las FARC-EP y el gobierno colombiano, al punto de que para muchos la anhelada paz está más cerca.

Quiso el devenir de las pláticas entre la agrupación insurgente y el Ejecutivo de la nación sudamericana, contrarios en un conflicto armado de más de medio siglo como consecuencia del que han muerto cerca de 300 mil personas, que este fuese el mes de la materialización de dos grandes acuerdos mediante los que la paz se torna más cercana y asegurada.

El día 12, desde el habanero Palacio de las Convenciones, sede de las conversaciones, las partes anunciaron de conjunto un acuerdo especial que, de ser aprobado por el Congreso de Colombia, permitiría blindar jurídicamente la paz, una vez sea signada.

Ello, gracias a la introducción en el ordenamiento jurídico colombiano que el nuevo instrumento establece para el Acuerdo Final, regulador del fin del conflicto, como garantía sólida para su cumplimiento.

Para cumplir esos objetivos, el nuevo convenio está basado en una serie de mecanismos institucionales y democráticos complementarios, que hacen posible el tránsito del proceso de paz por una ruta «expedita y segura», según expusieron ambas delegaciones en el texto de su anuncio conjunto.

Entre esos mecanismos están el derecho constitucional de los colombianos a la paz y lo recogido en el artículo tres de los Convenios de Ginebra de 1949, referentes al derecho internacional humanitario, que dicta las pautas a seguir por las partes en los conflictos armados.

El aprovechamiento de estos permitió adoptar el mencionado acuerdo, que, de ser ratificado, proveería garantías constitucionales a todo lo que se acuerde en La Habana, aseguraría la terminación del enfrentamiento y facilitaría la construcción de una paz estable y duradera.

En ese sentido, tras su eventual aprobación, el nuevo instrumento permitirá que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancione y presente el Acuerdo Final que se logre, para garantizar que sus términos sean respetados en el tiempo y se logre la no repetición del conflicto.

Las muestras de respaldo a lo anunciado han venido tanto del Gobierno como de las FARC-EP.

Ambas partes lo han calificado como un impulso a las conversaciones de paz; un allanamiento hacia el cese bilateral y definitivo del fuego, y hacia la dejación de las armas por los guerrilleros, puntos polémicos que aún se discuten.

De igual forma, constituye un gran paso de avance el pacto rubricado el 15 de mayo, que estableció la salida de los menores de edad de las filas de la mayor guerrilla colombiana y la atención que estos han de recibir durante su reincorporación a la vida civil.

Para Santos este fue un «histórico acuerdo» mediante el que se saca a los niños de la guerra, tal como subrayó en su cuenta en la red social Twitter durante la jornada del anuncio.

Representantes de las dos partes dijeron al momento del anuncio que el convenio contempla la protección de todos los derechos humanos de los jóvenes, incluida su seguridad y el acceso a la educación, la salud y a una vivienda digna, con el objetivo de evitar que retornen al conflicto armado.

Asimismo, prevé el diseño de un programa integral, que también beneficiará a los niños y jóvenes que abandonaron las filas guerrilleras en los últimos meses, para atenderlos y garantizarles su participación activa en las comunidades.

Con la firma del acuerdo, las FARC-EP se comprometieron a cesar el reclutamiento de menores de 18 años de edad, entregar la información disponible de los que dejan sus campamentos y gestionar la salida en consecuencia con el plan de acogida.

Por su parte, el Gobierno trabaja en la creación de una comisión con organizaciones internacionales como la Unicef y el Centro Carter, entre otras, con el fin de que la hoja de ruta de la salida de los jóvenes y su reinserción social sean lo más efectivas posible.

Este amparo en las organizaciones de la comunidad internacional se manifiesta igualmente en los mecanismos consensuados para garantizar la seguridad jurídica del pacto final, lo que legitima a ojos del mundo el proceso que las partes desarrollan para alcanzar la anhelada paz; un proceso cuyo fin, gracias a los avances sustanciales de este mayo, parece estar cada vez más cerca.

* Periodista de la Redacción Nacional de Prensa Latina.

Fuente: Prensa Latina