(Por Miguel Ángel Contreras Natera*)

Desde comienzos del siglo XXI la mayoría de los países de América del Sur en su conjunto experimentó un conjunto de transformaciones políticas, sociales y económicas que le dieron nuevos impulsos al proceso de integración regional. La característica central de los cambios político-culturales fue la búsqueda de alternativas a los programas de ajuste estructural inspirados en el Consenso de Washington. La nueva facticidad histórico-cultural desplazaba las representaciones excluyentes, represivas y regresivas del neoliberalismo disciplinario. El derecho al desarrollo, la defensa de los derechos humanos, la universalización de los derechos sociales y la necesidad de construir sociedades democráticas, justas e inclusivas se convirtieron en el nuevo centro de gravedad político-regional. De este modo, la emergencia de un nuevo arco de circunstancias políticas que tenía como prioridad el mejoramiento progresivo de las condiciones de vida de la población en los planos axiológico y material logró cimentarse como imaginario social. En esta dirección, la derrota del ALCA en la Cumbre de Mar de Plata de 2005 implicó un cuestionamiento radical al dominio colonial de  la Doctrina Monroe.

Los alcances de las transformaciones permitieron enfrentar las consecuencias de la atomización, la fragmentación y la desigualdad social de las regresivas políticas darwinistas en tanto incorporaban nuevas visiones sobre el desarrollo. En países como Venezuela, Ecuador y Bolivia se avanzó en la construcción de un nuevo constitucionalismo democrático. La región avanzaba en la consolidación de una institucionalidad soberana que confrontaba explícitamente la colonización política. El ALBA, UNASUR, la CELAC imprimían un radical giro de autodeterminación y soberanía. El comercio justo, la seguridad regional y los nuevos foros políticos se convertían en atractores públicos de las novedosas problemáticas regionales. El principio de autodeterminación adquirió un impulso de vastas consecuencias para los bloques regionales. El desplazamiento del centro de gravedad político funcionaba como una fuerza centrípeta que ampliaba y profundizaba el conjunto de transformaciones regionales. En este contexto el MERCOSUR incorporaba la dimensión social y la defensa de los derechos humanos como objetivos políticos fundamentales del bloque creando instituciones garantes para su fortalecimiento y resguardo. Por un lado, el ISM (Instituto Social de Mercosur) emerge  para confrontar la exclusión y la desigualdad social producidas por las políticas de ajuste estructural. Por el otro, el IPPDH (Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos) surge para visibilizar la represión y la memoria de las dictaduras militares del Cono Sur. Ambas instituciones intentan crear conocimientos críticos para reparar con sus investigaciones las consecuencias del neoliberalismo disciplinario en los plexos de vida de la región. Pero, lo más importante, amplían y profundizan los objetivos primigenios del Tratado de Asunción.

LA CRISIS DE MERCOSUR

En la actualidad, como consecuencia del entrecruzamiento de la explosión de la burbuja hipotecaria de 2008 y la readecuación geopolítica de los Estados Unidos en la región, el proceso de integración regional se encuentra atravesado por lógicas centrifugas de carácter neoliberal que socavan los avances sociales, políticos y económicos de los últimos años. Ciertamente, los efectos geoeconómicos y geopolíticos de este giro programático han permitido la cimentación de una estrategia de doble propósito. Por un lado, la irrupción de una agenda económica neoliberal con sus representaciones mercantilizadas de la realidad. Principalmente, por la emergencia de una Gestalt centrada en la restauración conservadora del programa económico del neoliberalismo con su retórica de austeridad fiscal. Independientemente de los fracasos políticos, económicos y sociales de la doctrina neoliberal su retorno evidencia los agujeros de legitimidad que se fortalecieron con la crisis de 2008. Por el otro, la emergencia de arquitecturas políticas soportadas en una nueva variedad de intervención colonial con los denominados golpes blandos (Honduras, Paraguay y Brasil). La crisis de la institucionalidad democrática en tanto equilibrio de poderes se evidenciada en las tensiones entre los parlamentos y el ejecutivo. Los casos de Honduras, Paraguay y Brasil apuntan a independizar el rol del parlamento respecto a la sociedad. Intentando erigirse como garante último de la Constitución. Este formalismo  cimentado en la fraseología liberal disfraza el golpe de Estado en la misma medida que evidencia la crisis del parlamento como institución garante del debate público.

Es esta facticidad la que sirve de corolario a la actual crisis política de MERCOSUR con relación a la sucesión Uruguay-Venezuela de la Presidencia Pro-Tempore del bloque regional. Es decir, la hipótesis de fondo es que los ensayos exitosos en Paraguay y Brasil de golpes parlamentarios pretenden construir una replica en Venezuela. De cualquier manera, los países miembros no han invocado formalmente el Protocolo de Ushuaia para tratar situaciones políticas extraordinarias. Por el contrario, violando principios soberanos han adelantado calificaciones sobre la crisis política en Venezuela. Socavando los principios de autodeterminación y solidaridad regional que atraviesan los acuerdos del bloque. Construyendo un conjunto de nuevas murallas políticas entre los países miembros. El argumento de los representantes de Paraguay se centra en la demanda de una legitimidad de origen. Es decir, deciden los miembros fundadores. No habría que olvidar que el Tratado de Asunción enfatiza el carácter estrictamente comercial (neoliberal) del mismo. La negativa del Canciller brasileño José Serra (siguiendo las directrices del gobierno de facto de Temer) de traspasar la Presidencia Pro-Tempore es incuestionablemente una invocación del principio de autoridad y fuerza de Brasil en el bloque. En términos psicoanalíticos presentándose como un significante amo que organiza, ordena y propone los objetivos medulares de MERCOSUR. Tanto la legitimidad de origen paraguaya como el argumento de fuerza brasileño intentan construir un traje a la medida de los portavoces del golpe blando. En ambos casos se transita por una excepcionalidad inexistente para tratar la crisis inducida por las posiciones de los dos países. Cuestión que obliga a crear una legislación ad hoc para el tratamiento de la sucesión de la Presidencia Pro-Tempore.

La restauración conservadora en Argentina, Paraguay y Brasil apunta a la disolución de los logros alcanzados en los últimos años. A lo interno se consolidan fuerzas centrifugas que apuntan a fortalecer dinámicas externas al bloque. Primero, el fracasado ALCA retorna con aliados internos del bloque en la forma del Tratado Comercial del Pacifico Norte con sus concomitantes consecuencias. Las negociaciones bilaterales de Estados Unidos con Paraguay y Uruguay apuntan en esa dirección. Segundo, los avances bilaterales entre la Unión Europea y Brasil en materia comercial suponen acuerdos que afectan radicalmente el funcionamiento del bloque. Tercero, la precariedad de MERCOSUR se manifiesta en el resquebrajamiento de la institucionalidad construida en los últimos diez años alrededor del giro social. La integración regional se encuentra en un punto de inflexión fundamental. Por último, la fraseología neoliberal implica el retorno en la forma de restauración conservadora del imaginario de  las políticas de ajuste estructural del Consenso de Washington. La crisis de 2008 redescubre la retórica neoliberal fortaleciendo a los agentes coloniales del capital transnacional en la región.

Las tensiones entre Estados Unidos y China en materia comercial, Estados Unidos y Rusia en el ámbito de la defensa militar encuentra a la región desprovista de una mirada estratégica. Sometida a políticas secesionistas externas con colaboración de fuerzas internas ha perdido el impulso crítico. Esto es fundamental por la inoculación de conflictos regionales en otras latitudes con el objetivo de fortalecer posiciones globales. La producción de tierras muertas avanzan con las políticas de modernización refleja. No existe una cartografía crítica que permita moverse en un horizonte profundamente estocástico. Principalmente, en tanto los movimientos globales del capital se tensionan entre el cambio sistémico, el desplazamiento hegemónico y el recentramiento económico. El futuro del bloque depende fundamentalmente de la necesidad de recuperar la senda de crecimiento económico y bienestar social agrupados en la inversión productiva, la inversión científica y la inversión social. La fiscalidad justa es una condición indispensable para recuperar la senda del desarrollo regional. Este objetivo es central en tanto la fiscalidad es un indicador fundamental de la justicia social, y por consiguiente, una palanca para la acción colectiva y la democracia. Indudablemente, los campos de fuerzas entre políticas de restauración neoliberal y las políticas de inclusión y desarrollo definirán las configuraciones, los conceptos y las representaciones de las sociedades de la región. De allí, la tarea urgente de trazar en la esfera del conocimiento científico la lucha por la democracia, los derechos y el desarrollo como una necesidad ineludible para construir sociedades justas, democráticas y plurales.

(*) Sociólogo, doctor por el Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes) y profesor agregado de Teoría Social en la Escuela de Sociología, las dos pertenecientes a la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Fuente: Nodal