(Por Marcos Roitman Rosenmann / La Jornada)

¿Cómo pudo suceder? Esa pregunta me sigue atormentando. No hay causa alguna capaz de justificar semejante crimen de Estado. Ni el odio albergado por un presidente municipal y su señora, ni una orden policial acompañada de retazos políticos o una acción de castigo contra los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Todo nos hace pensar que fue una decisión política, fríamente calculada, por quienes tenían la obligación de proteger y garantizar el derecho de protesta y manifestación. Y lo más deleznable, encubierto mediante la mentira, buscando distraer la atención hacia una reyerta entre bandas narcotraficantes, donde los estudiantes fueron las víctimas de una acción ejemplarizante. Así, los futuros maestros se trasformarían en potenciales delincuentes, y los hechos se inscribirían en la trágica lista de ajuste de cuentas al interior del crimen organizado y el narcotráfico.

El escenario descrito responde al más puro estilo de la dictadura pinochetista. Asalto a los autobuses que trasportaban a los estudiantes, despliegue militar, asesinato, desaparición forzada de los cuerpos y un relato encubridor capaz de exonerar al poder político municipal, estatal y federal. Es el pacto de impunidad de un narcoestado que libera a los responsables, asumiendo el relato conocido como la verdad histórica, urdida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

La invención de una trama con sicarios a sueldo de narcotraficantes que mataron, incineraron e hicieron desaparecer los cuerpos en el basurero municipal de Cocula. A este relato se sumará la verdad jurídica, que en estos dos años se ha urdido, con el fin de cerrar el caso. Los culpables están entre rejas; no hay más que hablar. Caso cerrado. Para dar credibilidad a tal falacia se procedió a detener, al mejor estilo hollywoodense, al entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y a su señora. De esta manera, los responsables estaban entre rejas.

Posteriormente, los hechos resultaron obstinados. Para paliar el déficit argumental, un chivo expiatorio, la destitución de Murillo Karam, seguido de las declaraciones del presidente Peña Nieto, subrayando la apertura de investigaciones para aclarar definitivamente los hechos. Toda una parafernalia destinada a crear una cortina de humo, en la cual la investigación se perdiera por vericuetos, dejando sin aclarar la acción militar, la presencia de las fuerzas armadas, el bloqueo de las comunicaciones y el conocimiento fehaciente de las instituciones uniformadas del ataque a los estudiantes, sin olvidar, la manipulación de las pruebas. Y para cerrar el círculo, una campaña mediática, tanto interna como internacional, destinada a solventar el discurso oficial. En este contexto se financia y estrena la producción cinematográfica La noche de Iguala, dirigida por Jorge Fernández Menéndez y Raúl Quintanilla.

La campaña de desprestigio, criminalización de los estudiantes y manipulación es completa. El argumento reafirma la versión oficial: un acto entre bandas rivales. Los Rojos, al cual pertenecería el entonces director de la escuela, y Guerreros Unidos, los justicieros. Sin más que agregar, el problema está resuelto. Sin embargo, todos los estudios realizados por comisiones independientes y organizaciones de derechos humanos van en sentido contrario. Así, el informe entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales ha desmontado cada una de las afirmaciones, así como la versión oficial mantenida por las autoridades judiciales y políticas. La respuesta, ante tanta osadía, no ha sido, curiosamente, cambiar la dirección de las investigaciones, desechar la verdad histórica y judicial. La actitud del poder político ha sido desautorizar, ridiculizar y poner en duda los resultados de los expertos independientes. No sólo los insulta, se deja entrever que sus miembros han sido influidos por un estado de ánimo proclive a la versión de los padres, contaminando sus análisis. Tal actitud demuestra la complicidad y el nulo interés por esclarecer los hechos.

México se ha transformado en un Estado sin derecho. Hoy por hoy, el acceso a la verdad se encuentra clausurado. Es necesario reivindicar la justicia. Si la ley es igual para todos, es necesario que el Poder Judicial actúe en consecuencia; no puede seguir encubriendo a los responsables. Los familiares de los estudiantes y sus compañeros han sido invisibilizados y las víctimas, los 43 estudiantes, desaparecidos. A todos ellos, se les ha ninguneado y maltratado. La vergüenza acompaña a la sociedad política mexicana, cómplice de los hechos.

Hay que seguir demandando responsabilidades caiga quien caiga, saber cómo se produjeron los hechos. Si el gobierno mira hacia otro lado, los partidos políticos se inhiben, pasan página; Ayotzinapa forma parte de la historia de la infamia. Semejante crimen de Estado no puede quedar impune, y no hay garantías de que así sea. Como señala en su reciente visita el relator del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, el grupo de Naciones Unidas pretende respaldar a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, y las de otros heridos o que perdieron la vida en sus esfuerzos. Estamos en la búsqueda de los cuatro pilares de los derechos humanos (…) que son la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Fuente: La Jornada