¿Puede el presidente de Estados Unidos devolver la Base Naval de Guantánamo a Cuba?

Tom Wilner, uno de los abogados más conocidos de Washington, aborda el contexto legal de la base y la prisión que se han convertido en un símbolo del desdén norteamericano por el estado de derecho

(Por Rosa Miriam Elizalde, publicado el 28/05/2015)

WASHINGTON.—Es uno de los abogados más conocidos de Washing­ton y probablemente el único que ha ganado un par de veces un caso en la Corte Suprema de los Estados Uni­dos, aunque el sistema haya vuelto a cambiar las leyes para regresar al  pun­to de partida. Thomas B. Wilner representó a los detenidos en la Base Naval de Guan­tánamo en el juicio que estableció su derecho a ser asistidos por un abogado, y en dos decisiones la Su­prema Corte confirmó el derecho de estos presos al ha­beas corpus, pero la justicia todavía está por hacerse.

Como él reconoce, esa prisión sigue siendo un símbolo de un país, Estados Unidos, que desdeña el estado de derecho. “Hay que cerrar Guan­­tánamo, porque es cara, es ineficiente, lesiona nuestra posición internacional”, afirma Wilner, consultor de la firma de abogados Shearman & Ster­ling, en Washington, y hombre del establishment norteamericano. An­tes de convertirse en un jurista de primera línea, estudió en la Universi­dad de Yale y en la Escuela de Leyes de Pennsylvania, las dos mejores y más caras academias de los Estados Unidos. En Yale fue condiscípulo, entre otros, del republicano George W. Bush y del demócrata John Kerry.

Wilner fue el vocero de un grupo de abogados norteamericanos que han representado a prisioneros de diversas nacionalidades, ilegalmente retenidos en la Base Naval de Guantá­namo. Entre los presos había 12 kuwaitíes, clientes de Wilner, que fueron torturados por soldados estadounidenses en Afganistán y Pakistán antes de enviarlos a la base en Cuba.

Hemos hablado en otras ocasiones de la prisión de Guantánamo, pero es la primera vez en que nuestra conversación transcurre en Washing­ton y se enfoca en un territorio más amplio que la cárcel, la franja ilegalmente ocupada en Cuba por el gobier­no de Estados Unidos en contra de la voluntad del gobierno y el pueblo cubanos, que reclaman legítimamente su devolución. Este es hoy uno de los temas que la Isla ha planteado como obstáculo para superar en el camino hacia la normalización de  relaciones con el gigante del Norte.

—¿Tiene el presidente Obama autoridad presidencial para devolver a Cuba el territorio que ocupa la Base Naval de Guantánamo, sin procurar la aprobación del Con­greso?

—Creo que el presidente la tiene. Tendría que hacer más investigación para estar completamente seguro, pero creo que él tiene autoridad unilateral para hacer esto. Lo que se ha planteado como un impedimento para él hacerlo —la Ley Helms-Burton—en realidad no lo es. El pre­sidente no requiere de la aprobación del Congreso.

El tratado de Guantá­namo en sí es claro sobre cómo podría concluir. Sin duda alguna el Congreso pediría que no se devuelva la Base sin al menos la aprobación del Senado estadounidense. Se necesita la aprobación del Senado para firmar los tratados, y muchos probablemente ar­gu­mentarían que es necesaria la aprobación del Senado para poner fin a un tratado.

“En la práctica, incluso si el pre­sidente tiene autoridad unilateral, es muy poco probable que cualquier mandatario, demócrata o republicano, terminaría un tratado como este sin al menos tener la aprobación tácita del Congreso”.

—Desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles son las diferencias esenciales entre la devolución del territorio a Cuba y simplemente cerrar la prisión? ¿Por qué los Estados Unidos construyeron esta prisión en Guan­tánamo, y no en otra de sus muchas bases en todo el mundo?

—Bueno, son dos preguntas totalmente diferentes. Estados Unidos podría cerrar la prisión y no devolver el territorio a Cuba. En efecto, si los Estados Unidos dejan de usar Guan­tánamo como prisión y utiliza ese territorio solo como una base naval, probablemente estaría dando cumplimiento al tratado original. Si cumple el tratado original, nada obliga a devolver la base a Cuba, aparte de mejorar las relaciones con Cuba.

“La segunda pregunta es muy in­teresante. El tratado de Estados Uni­dos con Cuba para el arrendamiento de Guantánamo a EE.UU., dice que Cuba tiene la soberanía sobre la base, pero EE.UU. tiene jurisdicción y el control total. En otras palabras, aunque técnicamente es territorio soberano de Cuba, EE.UU. ha ejercido todo el poder y autoridad sobre ese lugar. Guantánamo es único en ese sentido. EE.UU. no tiene otra base en el mundo en la que posea tal autoridad plena y sin restricciones, y a la vez, careciendo de soberanía. Esta distinción le dio a EE.UU. el argumento de que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción sobre las acciones del ejecutivo en Guantánamo. La administración Bush defendió el argumento legal de que podía operar en Guantánamo de la forma que quería y hacer lo que quería a los prisioneros allí sin ninguna revisión legal. En otras palabras, la administración Bush afirmó que podía operar en Guan­tánamo fuera de la ley porque la soberanía era cubana, no estadounidense. Este fue, de hecho, el concepto que desafiamos en los tribunales estadounidenses. Y la Corte Suprema fi­nal­mente estuvo de acuerdo con no­sotros y sostuvo que el gobierno de Estados Unidos no pudo detener a la gente allí sin acceso a algún tipo de revisión judicial.

“Me explico un poco más. Los EE.UU. no pueden ejercer el mismo control completo y la jurisdicción sobre un lugar en Francia, Inglaterra o México, por ejemplo. En esos lugares EE.UU. no puede funcionar de la ma­nera que desee porque el gobierno del país tiene el control… pero Guan­tánamo es diferente; es un lugar único en el que EE.UU. puede hacer lo que quiere, porque ningún país pue­de intervenir y detenerlo.

El go­bierno de Bush pudo detener a la gente allí sin pasar por los tribunales o negociar con el gobierno de otro país que tiene la autoridad para revisar la pertinencia de sus acciones o detenerlo. Al mismo tiempo, porque Guan­tánamo está en otro país y no en territorio de Estados Unidos, y aun así, argumentando que ese otro país tiene ‘soberanía’ sobre el territorio, la administración Bush usó ese argumento legal ante los tribunales de Estados Unidos, que tampoco podían revisar sus ac­ciones emprendidas. Ese es el argumento que teníamos que derrotar”.

—¿Es la prisión en la base naval de Guantánamo, una violación del “arrendamiento” que aparece en el tratado original de EE.UU. y Cuba?

—Creo que el uso por parte de Es­tados Unidos de la Base de Guan­tánamo como prisión viola claramente los términos del Tratado. El tratado o contrato de arrendamiento que EE.UU. firmó con Cuba para el territorio de Guantánamo dice que sería utilizado como una base carbonera; realmente como una estación de servicio para la Marina. Al no utilizarse para ese fin, sino como una prisión, viola el contrato de arrendamiento.

—¿Cuál es la situación legal ahora de los presos que quedan en la base? ¿Por qué la Administración Obama no cerró la prisión, que era una de sus grandes promesas electorales?

—Es muy difícil responder en po­cas palabras. La situación legal actual es que el presidente tiene prohibido ofrecerle a cualquier prisionero de Guantánamo ser transferido a la parte continental de Estados Unidos. Se le permite transferirlos a otros países, si el secretario de Defensa certifica que el país al que va destinado está tomando medidas para mitigar sustancialmente el riesgo de que el prisionero emprenderá acciones terroristas en el futuro. La ley, en este momento, se está debatiendo en el Congreso, para decidir si esto va a cambiar. A causa de la mayoría republicana en el Congreso, existe la posibilidad de que el Congreso hará que sea aún más difícil transferir detenidos a otros países. Por otro lado, John McCain, presidente del Comité de Servicios Ar­mados del Senado, quiere cerrar Guan­tánamo y quiere facilitarle a Oba­ma la transferencia de prisioneros, al menos, a una prisión en Es­tados Unidos.

“Con respecto a la segunda pregunta, en mi opinión, Obama es responsable de que Guantánamo siga en la situación actual. Dijo que iba a cerrar Guantánamo cuando asumió el car­go y él tenía plena autoridad para ha­cerlo sin ninguna restricción del Con­greso. Él podía haber transferido detenidos a EE.UU. o a otros países sin restricciones. Él no lo hizo porque no quería despertar la oposición entre los republicanos. Puso a Guan­tána­mo en un segundo plano y dio prioridad a otras cosas.

“También se involucró en un plan para trasladar a algunas personas claramente inocentes de Guantánamo a los Estados Unidos, y se paró cuando un congresista lo criticó por tratar de hacerlo. El Congreso percibió su debilidad y encontró que era políticamente útil jugar con los temores de la opinión pública estadounidense, haciendo hincapié en que era un peligro alimentar la esperanza de la liberación de los detenidos. Ellos falsamente enfatizaron el peligro de liberar a cualquier preso de Guantánamo, diciendo que todos eran terroristas. La ad­ministración Obama no refutó esas acusaciones. El Congreso impuso restricciones a los presos que iban a ser transferidos y el gobierno dejó que eso sucediera. Mi opinión es que todo esto ha sido la demostración de una impresionante incompetencia de la administración Obama”.

—Cuba ha dicho que la plena normalización de las relaciones con los Estados Unidos es un proceso largo y complicado que tendría que resolver varios obstáculos, entre los que incluye la devolución del territorio de Guantánamo. ¿Le parece justo?

—Honestamente, es la posición de Cuba. No es mi papel hacer co­mentarios sobre la posición de Cuba. Desde luego, puedo entender por qué Cuba ha tomado la decisión de sostener que la devolución de Guan­tá­namo es una condición previa a la plena normalización de relaciones. Al tratarse de su posición, la respeto.

El Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales

La Estación Naval en la Bahía de Guantánamo se estableció en 1903, tras la ocupación militar de la Isla por parte de EE.UU.

Ese documento, que Cuba desconoce por haber sido firmado bajo presiones y chantajes, establece: Ar­tículo I.-“La República de Cuba arrienda por la presente a los Esta­dos Unidos, por el tiempo que las necesitare y para el objeto de establecer en ellas estaciones carboneras o navales, las extensiones de tierra y agua situadas en la isla de Cuba que a continuación se describen (…)”.

“Artículo III.- Si bien los Estados Unidos reconocen por su parte la continuación de la soberanía definitiva de la República de Cuba sobre las extensiones de tierra y agua arriba descritas, la República de Cuba consiente, por su parte, que durante el periodo en que los Estados Unidos ocupen dichas áreas a tenor de las estipulaciones de este convenio, los Estados Unidos ejerzan jurisdicción y señorío completos sobre dichas áreas con derecho a adquirir para los fines públicos de los Estados Unidos cualquier terreno u otra propiedad situada en las mismas por compra o expropiación forzosa indemnizando a sus poseedores totalmente”.

El Convenio que reglamentaba ese arrendamiento, firmado en La Habana por los representantes de los Presidentes de Cuba y Estados Unidos, respectivamente, fue aprobado por el Senado de Cuba el 16 de julio de 1903, ratificado por el Pre­sidente de Cuba un mes más tarde, el 16 de agosto, y por el Presidente de Estados Unidos el 2 de octubre, canjeándose las ratificaciones en Washington el 6 de octubre, fue publicado en la Gaceta de Cuba el 12 del mismo mes y año.

Con fecha 14 de diciembre de 1903 se hizo saber que cuatro días antes, el 10 de ese mes, se había dado posesión a Estados Unidos de las áreas de agua y tierra para el establecimiento de la estación naval en Guantánamo.

Ley Helms-Burton

La Ley Helms-Burton en su Título II, sección 201, apartado 12 establece: “Estar listos para iniciar negociaciones con un gobierno electo democráticamente en Cu­ba a fin de devolver a ese país la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo o de renegociar el acuer­do actual en condiciones mu­­tuamente aceptables”. Esta declaratoria, la única que aparece en la Ley sobre el territorio ocupado por EE.UU. en Cuba, no dice que el Presidente esté obligado a pedir la aprobación del Congreso para de­volver la Base, afirma Wilner.

(Ver­sión al español: Ivette Lami­gueiro)

Fuente: Granma


 

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