(Por YVKE / Resumen Latinoamericano)

El Gobierno de Colombia que critica la democracia en Venezuela mantiene toque de queda en la comunidad de Buenaventura, ubicada en el departamento del Valle del Cauca, ante las protestas y disturbios que se han generado desde el pasado viernes.

Luego de celebrar un Consejo de Seguridad en Buenaventura, las autoridades informaron que el toque de queda será entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana (hora local) y se mantendrá por tiempo indefinido.

El paro cívico, impulsado por los habitantes de Buenaventura, tiene como fin exigir el restablecimiento del servicio del hospital de la localidad, soluciones a la problemática de agua potable, mayor empleo y soluciones al tema de la inseguridad que se vive el puerto.

Por tales acciones, que Santos calificó como “vandálicas”, se encuentran 11 policías heridos y 80 personas detenidas, presuntamente involucradas en los saqueos, además de pérdidas materiales, que se cuantifican en más del equivalente a un millón 300 mil dólares.

Represión

Los habitantes de Buenaventura denuncian que en vez de atención del Ejecutivo, reciben represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de Colombia.

Los agentes del Esmad usan gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes, y no les importa que en el sitio se encuentren personas de la tercera edad y niños.

Colombia: Deuda social de Juan Manuel Santos abre varios frentes en las calles

No ha cumplido compromisos en salud, educación, infraestructura y servicios

Bogotá, mayo 23 – Las tareas pendientes del gobierno de Juan Manuel Santos, incluidos los temas no resueltos de su primera gestión (2010 -2014), han abierto al Mandatario colombiano diferentes frentes con el pueblo en la calle protestando contra el olvido del Estado.

Las principales deudas sociales del Ejecutivo están en las reformas de salud y educación, el problema del campesinado y la falta de inversiones en infraestructura, amén de ajustes salariales. Docentes, taxistas, trabajadores penitenciarios, un departamento y una ciudad se movilizan desde el pasado 10 de mayo en demanda de reivindicaciones y por el cumplimiento de compromisos adquiridos por el Estado en acuerdos realizados también tras jornadas de protestas y paros. En tanto, las comunidades indígenas denuncian las amenazas de la disidencia de las Farc y del rearme paramilitar.

Indefinido

Ocho millones de estudiantes quedaron sin clases a nivel nacional desde hace casi dos semanas luego de que los docentes afiliados a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, declararan una huelga indefinida en reclamo de aumentos salariales y mejoras en salud. Desde entonces, los educadores se movilizan en diferentes ciudades del país al no lograr acuerdos con el Gobierno. Al mismo tiempo, los pobladores del departamento del Chocó completaron 13 días de inactividades en el marco del “Gran paro cívico”. Exigen el cumplimiento del Ejecutivo de un pliego de peticiones de 10 puntos, acordado tras la paralización de 2016, referido a temas de salud, vías, educación y servicios públicos.

El Gobierno alega no tener los recursos prometidos, y solo está dispuesto a entregar 339 mil millones de dólares de los $720 mil millones pactados. Violencia. La ciudad de Buenaventura, en el valle del Cauca, por su parte, exige a Santos una declaratoria de emergencia social, económica y ambiental. El viernes, tras cuatro días de protestas pacíficas, la situación derivó en violencia, se presentaron disturbios y saqueos, por lo que las autoridades decretaron un toque de queda para controlarla. El gobierno local defiende al Ejecutivo y asegura que no es el responsable del deterioro de la entidad. No obstante, los residentes esperan dialogar con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras marchar el domingo en rechazo a los saqueos. Los frentes contra Santos parecen no querer callar hasta que el Gobierno honre sus compromisos.

Las Farc han denunciado el aumento de la presencia paramilitar en la frontera con Ecuador, donde esa guerrilla está en pleno desarme. El incremento de homicidios de defensores de derechos humanos y activistas ha sido asociado a un repunte del paramilitarismo, que el Gobierno de Colombia se niega a aceptar, bajo conceptos como Bacrim (bandas criminales). En los primeros cuatro meses de 2017 se contaron al menos 42 asesinatos de activistas, así como los homicidios de un par de guerrilleros activos y varios familiares de insurgentes. El paramilitarismo también amenaza la paz.

Fuente: Resumen Latinoamericano