(Por Consuelo Ahumada *)

En medio de una situación en extremo adversa y de un cerco de una magnitud sin precedentes en la historia reciente de este continente, la República Bolivariana de Venezuela obtuvo el domingo 30 de julio una victoria bastante significativa. Más de ocho millones de votos en unas condiciones que se tornan cada vez más difíciles es un magnífico resultado. Como era de esperarse, ante los hechos positivos se han incrementado las amenazas, incluida la de intervención militar, por parte de Estados Unidos, así como la desinformación de los poderosos medios de comunicación del mundo entero, empeñados en propiciar conductas cada vez más hostiles contra el país vecino.

En efecto, estos traficantes de la información al servicio del orden global vigente han perdido por completo cualquier asomo de decencia y objetividad frente a este conflicto. Y casi todos han seguido la misma línea: Que el referendo convocado por la oposición el 16 de julio fue legítimo y válido, aunque se dio por fuera del sistema electoral, sin ningún control y los registros fueron destruidos, con lo que no pudo haber verificación. Que, en cambio, la votación por la Constituyente fue fraudulenta, porque, según los jefes de la oposición, era imposible que sacaran tantos votos. Que el sistema electoral, el mismo que les dio el triunfo en la Asamblea Legislativa hace año y medio, estaba amañado en la última votación.

En Colombia estos medios han estado muy bien representados por Caracol, RCN, Noticias Uno, y El Tiempo y El Espectador, los diarios de Luis Carlos Sarmiento Angulo y de los Santo Domingo, respectivamente. Para todos ellos, los “héroes” del domingo 30 de julio son quienes salieron a promover los bloqueos y las barricadas para intimidar a la gente e impedir la votación y a valerse de forajidos y delincuentes, algunos de ellos muy bien armados y dotados, para lanzar todo tipo de elementos incendiarios y quemar máquinas de votación el día de las elecciones. Durante los últimos meses intensificaron sus protestas y movilizaciones, lanzando explosivos cerca de escuelas y hospitales o arrojando cohetes a una base militar en Caracas. Entre tanto los medios, manipulan imágenes y las repiten una y otra vez. El mundo se escandaliza por la represión, como si en algún país del mundo, sea Estados Unidos, España o Colombia, estas prácticas terroristas fuesen permitidas y no castigadas con severidad.

Estos líderes, figurines de farándula, mantienen estrechos vínculos históricos, familiares y políticos con los negocios y asuntos de Miami y Washington. De hecho, a la usanza de las viejas élites venezolanas, allí tienen sus intereses económicos. Quienes hoy pregonan la democracia y la libertad son los mismos que promovieron el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el 2002. Ninguno de ellos representa a los sectores productivos o a las clases medias del país, por decir lo menos, y es claro que los sectores populares no han participado en las movilizaciones. Buena parte de estos líderes, en mayor o menor medida, han clamado por la intervención extranjera.

Por eso es preocupante que, en medio de tanta desinformación, un buen número de dirigentes e intelectuales que se proclaman demócratas e incluso de izquierda se acomoden a este discurso fácil y superficial, y lo repitan, sin mayor análisis ni cuestionamiento. Algunos de ellos lo hacen por oportunismo electoral. Basta ver o escuchar los programas de opinión sobre el tema.

Venezuela y los intereses geoestratégicos de Estados Unidos

El asedio a la República Bolivariana de Venezuela se inició desde sus mismos inicios a comienzos de este siglo. Pero la decisión de derrocar su gobierno legítimo a como dé lugar quedó en firme este año con la llegada al poder de Donald Trump, que representó el ascenso de la extrema derecha fascista a la presidencia de la superpotencia. No en vano el mandatario anunció hace unos meses un incremento histórico del gasto militar en 54.000 millones de dólares, “para ganar guerras de nuevo” y establecer «una presencia más sólida en vías fluviales y cuellos de botella internacionales clave»[1]. Con ello, complace a los halcones que estaban algo desconcertados con su triunfo electoral. Los ataques de hace unos meses a Siria y Afganistán, con armas no utilizadas hasta ese momento, permiten prever lo peor sobre el alcance de esta política. El anuncio del retiro de su país del acuerdo global COP-21 sobre el cambio climático, la aprobación por la Cámara de Representantes de la construcción del muro entre su país y México, y el incremento de los episodios de racismo en el territorio estadounidense complementan el panorama sombrío para la democracia en el mundo y la supervivencia misma de la especie.

En este marco, ¿cómo entender la crisis de Venezuela?

Es el país que cuenta con las mayores reservas certificadas de petróleo en el mundo y tiene además grandes cantidades de otros recursos estratégicos como oro y coltán. En medio de una situación tan convulsionada como la del Medio Oriente y ante el fortalecimiento del radicalismo islámico, asegurarse el control de estas reservas petroleras en una región tan cercana, le resulta fundamental a Estados Unidos. De hecho, el jefe del Departamento de Estado, James Tillerson, quien fuera hasta hace pocos meses director ejecutivo de Exxon Mobil Corporation, tuvo en el 2007 una fuerte confrontación con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuando este renegoció los contratos con casi todas las empresas petroleras, con el objeto de que le aportaran al Estado una mayor proporción de sus ganancias. Las instalaciones de esa multinacional fueron nacionalizadas cuando el personaje en cuestión se negó a aceptar esta condición. Tillerson prometió vengarse y a fe que lo está haciendo.

Hugo Chávez en Venezuela y Luis Ignacio Lula Da Silva en Brasil inauguraron hace casi dos décadas la era de gobiernos progresistas en América Latina. Rompiendo con una tradición centenaria, estos mandatarios desarrollaron una política internacional independiente de los designios de Estados Unidos y lograron, en medio de muchas dificultades, frenar el avance de las políticas neoliberales en el continente. Todo esto representó un reto sin precedentes para la potencia norteamericana y sus empresas y bancos, en tiempos de avance significativo de la competencia por parte de la República Popular China.

Como parte fundamental de su proyecto, estos gobiernos pusieron en marcha una fuerte inversión social y promovieron una amplia participación popular. Más allá de los retrocesos y tropiezos de los últimos tiempos, les mostraron a los pueblos del continente y del mundo que el camino hacia sociedades más incluyentes e igualitarias sí era posible. Movilizaron a pobres urbanos y rurales, negros, indígenas e indignados en general, que por siglos estuvieron invisibilizados. Como diría recientemente David Choquehuanca, excanciller del gobierno de Evo Morales, a propósito de su país, “se le devolvió la autoestima a la población”. Esto ha representado una afrenta para las élites que históricamente gobernaron estos países. Para el caso de Venezuela la incidencia de este factor es incuestionable.

Ante las dificultades que afronta cada vez más Estados Unidos, tanto en lo nacional como en lo internacional, sus gobernantes quieren recuperar el terreno perdido en la región. La destitución ilegal de Dilma Roussef en Brasil por cuenta de un personaje corrupto y oscuro como Michel Temer y el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina fueron un paso importante en este sentido. Pero el golpe definitivo lo quiere dar con el derrocamiento del régimen de la República Bolivariana de Venezuela.

Para hacerlo cuenta con el servilismo y la entrega de las élites gobernantes de países como México y Colombia, que no dudaron en reunirse con el director de la CIA y atender sus recomendaciones sobre el punto. De hecho, para vergüenza de los colombianos, Juan Manuel Santos y su canciller no han escatimado esfuerzo para mostrarle a Estados Unidos que, como en otras ocasiones, nuestro país es su aliado en estos propósitos. No obstante, también hay que señalar que el anuncio de intervención militar en Venezuela provocó el rechazo de todos estos países. Más le valiera al presidente de Colombia preocuparse por la consolidación de la paz en el país, en momentos de muchas dificultades, en lugar de ponerse abiertamente en contra de un gobierno que fue artífice definitivo de este proceso.

En este amplio espectro de gobernantes y funcionarios complacientes con el imperio, habría que destacar también el papel ignominioso desempeñado en todo este proceso por Luis Almagro, secretario general de OEA y otrora canciller del gobierno de Pepe Mujica en Uruguay. Ante el fracaso de sus repetidos intentos de sancionar al gobierno de Maduro, este personaje no dudó en reunirse con el Congreso de Estados Unidos para justificar la intervención en los asuntos internos de Venezuela.

El alcance de la crisis

No puede desconocerse la magnitud de la crisis económica y social del país. Los informes oficiales del gobierno reconocen las dificultades que ha venido atravesando la población, sobre todo en los últimos tres años, desde cuando se produjo la caída de los precios del petróleo. Sin embargo, estas dificultades no pueden ocultar ni empañar los enormes avances en materia social alcanzados durante 18 años por la Revolución Bolivariana y reconocidos por entidades como la FAO y la Cepal. Avances en materia de reducción de la mortalidad infantil, nutrición, educación y salud pública, acceso a la cultura y condiciones de bienestar. Aunque los mismos gráficos oficiales registran una reducción en algunas de estas cifras en los últimos dos años, los resultados han sido notorios, en especial si los comparamos con los datos del siglo pasado o con los de países como Colombia.

De hecho, en Venezuela viven entre cuatro y cinco millones de colombianos, que han huido del conflicto armado o han buscado allí unas mejores condiciones de vida. Todos ellos se han visto beneficiados por la fuerte inversión social que no se da en Colombia y mucho menos en las regiones de frontera. De no ser por el gobierno venezolano, la crisis social y la hambruna de La Guajira hubiera estallado antes y tendría mayores proporciones. Por eso, sin desconocer el incremento actual en el flujo de migrantes hacia nuestro país, no se puede magnificar el problema, como han señalado tanto el director de Migración Colombia como el director de la Cámara de Comercio Colombo venezolana.

Las autoridades venezolanas tampoco niegan que haya escasez de algunos productos básicos, importados o producidos en el país. Alimentos estratégicos, como la harina de maíz, han sido objeto de acaparamiento deliberado por parte de los especuladores, que se empeñan en deslegitimar al gobierno ante los sectores de la clase media y popular. Igualmente grave ha sido el bloqueo a las importaciones de medicamentos, genéricos y especializados, por parte de las multinacionales farmacéuticas, a pesar de cuantiosos desembolsos de divisas efectuados por el gobierno. A ello se suma el saboteo de las transacciones del país por parte de los bancos internacionales, lo que le ha representado al país enormes sobrecostos financieros.

Sobre la Asamblea Constituyente

En primer lugar, hay que señalar que la Asamblea Constituyente que se convocó y eligió no es ni ilegítima ni inconstitucional como han señalado y repetido los enemigos de la República Bolivariana de Venezuela. Tampoco tiene origen espurio, como afirmó nuestro presidente. La Constitución vigente de Venezuela, aprobada en 1999, señala textualmente lo siguiente:

Artículo 347: El pueblo de Venezuela es depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.

Artículo 348: La iniciativa de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los concejos municipales en cabildo (…).

Con base en estos artículos, el presidente Nicolás Maduro convocó a la Asamblea con el objeto de sentar las bases para reconciliar el país y procurar la diversificación de la economía para superar el modelo rentista petrolero. Se trata también de profundizar algunas de sus políticas centrales, en especial la inversión pública, representada en las misiones. Por supuesto que la Asamblea Constituyente será también el escenario para debatir diferencias y enderezar el rumbo en varios aspectos. Como lo ha señalado el gobierno, sus decisiones deberán ser ratificadas por un referendo.

Por último, quienes respaldamos el proceso venezolano, esperamos que en este escenario se hagan todos los esfuerzos para propiciar el diálogo entre los más amplios sectores, incluso los que se abstuvieron de participar en las elecciones. En medio de una situación tan difícil, es necesario tomar todas las precauciones, de lado y lado de la frontera, para que el conflicto no termine en una confrontación armada entre los dos países, que sería nefasta y propiciaría el fortalecimiento de la extrema derecha. Mucho más grave aún sería que se concretara la intervención militar que el presidente belicista del Norte no descarta, que suscitaría el repudio del mundo entero.

[1] El Economista, America.com, febrero 17 de 2017.

* Profesora Universidad Externado de Colombia. Tesorera de la Mesa Directiva de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (Acce). Integrante del Comité Ejecutivo del Partido de Trabajo de Colombia, PTC

Fuente: La Bagatela