Por: Luis I. Sandoval M.
En Venezuela existe una crisis política, social y humanitaria que no se puede soslayar, que afecta a países vecinos, al continente en su conjunto y que es hora de encontrarle solución (Mujica, Dieterich, Chomsky). Si no se parte de ese reconocimiento sería muy difícil intentar algún tipo de iniciativa con posibilidad de evitar un desastre mayor.
El asunto está en ver si la salida de tal situación se busca vía el asedio ilegal e inhumano montado por Estados Unidos, secundado servilmente por un número considerable de países, entre ellos Colombia, que puede desembocar en lo que la OTAN ha llamado “intervención militar humanitaria”, o si la solución llega a través del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición a ese gobierno, con mediación y apoyo internacional.
Un avance importante es la idea de que el recurso que puede dejar a salvo la autodeterminación, soberanía y democracia de Venezuela, con la preservación de parte importante de los avances sociales logrados durante la era chavista, es el de las elecciones generales pactadas al interior por las fuerzas políticas del país y no impuestas mediante ultimátum, u otro medio, por un país, grupo de países u organismo internacional. Naturalmente, actores de la comunidad internacional pueden mediar para que ello se dé y servir de garantes de que el proceso político se cumpla con transparencia y reales garantías para todos los sectores.
En este sentido va la apuesta del Grupo de Contacto Internacional para Venezuela que se reunió el jueves 7 de febrero en Montevideo y que contó con la presencia de la Unión Europea a través de su responsable de relaciones internacionales, la señora Federica Mogherini. La postura del Grupo coincide en lo sustancial con la del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que no ha desconocido el gobierno de Maduro y que ha ofrecido sus buenos oficios y ha llamado a “apostar por el diálogo frente a quienes niegan que exista esa posibilidad”. También el Vaticano ha manifestado su disposición a servir de puente si tanto el gobierno como la oposición formalizan una solicitud al respecto.
Sectores alternativos y democráticos de Colombia apoyaron la Conferencia de Montevideo y el fin de semana pasado avanzaron en una postura común en carta dirigida al presidente Iván Duque en la que expresan “nuestra preocupación por la actitud complaciente del Gobierno Nacional con relación a una eventual intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela, y a la participación que tendría nuestro país en ese propósito”. La carta, firmada por centenares de personas y organizaciones ciudadanas, se entregó al presidente teniendo a la vista su encuentro con Donald Trump en Washington este miércoles 13 de febrero.
Aún el Grupo de Lima, tan obsecuente con Estados Unidos y sus planes, aunque apoya las medidas abusivas de orden económico, declara no estar de acuerdo con la intervención militar. El punto 16 de la Declaración de Ottawa (febrero 5) reza literalmente: “Los países del Grupo de Lima reiteran su apoyo a un proceso de transición pacífica a través de medios diplomáticos y políticos sin el uso de la fuerza”.
Fementida postura humanitaria la que asumen quienes emprenden y publicitan agresivamente ayudas humanitarias mientras ahogan a Venezuela con un creciente bloqueo económico. Bloquean 11.000 millones y envían 20 en ayuda humanitaria. Los apoyos humanitarios, necesarios, deben hacerse en acuerdo con el gobierno de Maduro como le respondió el secretario general de la ONU a Juan Guaidó el 31 de enero. El tema de las ayudas humanitarias no puede convertirse en el pretexto para desatar la intervención armada en Venezuela.
Todo el esfuerzo posible hay que continuar haciéndolo para que las partes, gobierno y oposición venezolana, se dispongan al diálogo con la certeza no de una dilación sino de una solución. Rusia y China tienen un papel central que cumplir en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y fuera de él.
No se puede jugar a la provocación de Trump de dirimir a la fuerza la disputa por áreas de influencia y por recursos energéticos (petróleo) y mineros (el Arco del Orinoco) que es lo que realmente está en juego en Venezuela. Las mencionadas potencias pueden hacer sentir su peso para disuadir a EE. UU. de la intervención militar, pero tienen que jugar esa carta con determinación y oportunidad, es decir, ya. En ello va una enorme responsabilidad en que el mundo sea más multipolar y no fatalmente unipolar.
Lo que pensaba Thomas Jefferson en 1792 frente a la Revolución francesa (cambio de régimen) y lo que pensaba Genaro Estrada, canciller de México en 1930, fue lo que quedó consignado en la Convención sobre Deberes y Derechos de los Estados en 1933, recogido luego en la Carta de la OEA, en 1948 (Bogotá), que dispone, en su artículo 3.e: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”.
La Carta Democrática Interamericana (Lima, 2001) que asume la defensa de la democracia representativa en el hemisferio no se puede invocar para desconocer este principio, en tanto el Tratado de Roma que crea la Corte Penal Internacional en salvaguarda del principio de no intervención eleva (2010) a la categoría de crimen de agresión “la invasión de un Estado por otro”.
La vía de superación de la situación actual de Venezuela, la que le sirve a su pueblo y a la paz regional y mundial, no es la fuerza, cualquiera que sea su origen o modalidad, sino el diálogo, diálogo interno con firme apoyo en amplio diálogo externo. El diálogo es posible, sin desmayo hay que persistir en lograrlo.
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