Por Yldefonso Finol*

a la memoria del Excelentísimo Embajador Iván Mora, un constructor de paz

Epígrafes

“Las enemistades entre naciones nacen del deseo de preponderancia y no del sistema de gobierno”. (Carta de Bolívar a Santander. Quito, 6 de diciembre de 1822).

“En orden al Derecho Internacional Público es evidente que, por lo menos en teoría, se podrían solucionar los conflictos jurídicamente ante los tribunales internacionales, pero ese procedimiento casi no pasa, hasta ahora, de utópica aspiración”. (Manuel Ossorio y Florit, 1986).

Introito

El uribismo es la fase superior del santanderismo.

Llamemos las cosas por su nombre: el gobierno de Colombia está totalmente comprometido en la incursión mercenaria que con el remoquete de Gedeón se acaba de frustrar contra Venezuela. El sub-presidente Duque dice que él hace las cosas “de frente”, pero eso no se lo cree ni su mamá; como uribista que es, ha dejado en su andar por las sombras una estela de víctimas sin ensuciarse de sangre la corbata, aunque en su alma bulle un infierno de crímenes.

I. Sinopsis de una agresión continuada

–       En octubre de 2001 denunciamos en el semanario El Correo de Nigale, cómo se planificó en un hotel de Cartagena, Colombia, el golpe de Estado que luego dieron a Chávez en abril de 2002.

–       Ese mismo año comenzó la infiltración de paramilitares colombianos hacia Venezuela, para fomentar -en una primera fase- la legitimación de capitales del narcotráfico y el crecimiento de los delitos de secuestro, extorsión, sicariato, venta de drogas y robo de vehículos.

–       Derrotado en 47 horas el Golpe de Estado de abril de 2002, para lo cual desde Colombia se facilitó la entrada de francotiradores de diversas nacionalidades, hacia allá huyeron el dictadorzuelo Carmona y otros protagonistas de la fracasada sedición, siendo acogidos con privilegios.

–       Capitales de dudosa procedencia forman empresas petroleras en Colombia con expertos venezolanos al servicio de la conspiración antibolivariana, con el objetivo de ejecutar un plan de desmantelamiento tecnológico de PDVSA para rematarla posteriormente al capital privado transnacional con participación de intereses económicos colombianos.

–       La elite petrolera vinculada al capital transnacional yanqui con base en Colombia desata un paro de la industria para derrocar al Gobierno Constitucional de Hugo Chávez.

–       Por la vía Rio Hacha-Maicao entra a Venezuela el explosivo C4 para el atentado que ocasionó la muerte del Fiscal Nacional Danilo Anderson.

–       Derrotado el intento de golpe y el paro petrolero, varios de sus instigadores se refugian en Colombia y establecen allí oficinas para continuar atacando a la Revolución Bolivariana.

–       Dos instrumentos jurídicos colombianos son utilizados para desatar una guerra monetaria y comercial contra Venezuela: la Resolución Octava del Banco de la República que permite el cambismo diferencial en zonas fronterizas y los decretos presidenciales de Uribe que exoneran municipios fronterizos con Venezuela de la obligación de mostrar la procedencia y calidad del combustible expendido. Se desata el fenómeno conocido como “bachaquerismo”, o mal llamado “contrabando de extracción”, que dejó amplias regiones venezolanas sin abastecimiento de gasolina, alimentos y medicinas.

–       Triangulando con Miami se establece en Cúcuta un plan destructor del poder adquisitivo del bolívar para provocar persistentes devaluaciones, contando con la complicidad de burócratas internos en las finanzas y la banca que jugaron fuertemente al papel de zapa contra Venezuela.  

–       Azotada Venezuela por la hiperinflación y las macro devaluaciones comienza un proceso de emigración de fuerza de trabajo mayoritariamente calificada, en busca de salarios en moneda convertible para ayudar a sus familias a sobrellevar la situación; este hecho fue instrumentalizado por la elite colombiana conjuntamente con los Estados Unidos y sus secuaces en la OEA, para estigmatizar a la población venezolana en el exterior con campañas de linchamiento moral que devinieron en xenofobia y crímenes de odio tipificados en el Derecho Internacional, pero que por el discurso neoliberal que pregona el egoísmo y la discriminación fueron posibles para vergüenza de los sectores más atrasados que protagonizaron verdaderas cacerías antivenezolanas.

–       Colombia y otros países como Ecuador y Perú comenzaron a quejarse por la presencia de la población venezolana y convirtieron el tema en una fuente de recursos provenientes de entes multilaterales y otros donantes, pero esos recursos han tenido un destino incierto frente a la vulnerabilidad de miles de seres humanos que han quedado expuestos a toda clase de discriminación y tratos crueles y humillantes, absolutamente desguarnecidos ante a la pandemia mundial del coronavirus, y clamando una vía humanitaria para regresar a su patria.

–       Desde que se inició la patraña montada por Estados Unidos con una supuesta presidencia interina del diputado en desacato Juan Guaidó, el gobierno de Colombia no ha hecho otra cosa que dedicarse a servir de portaviones del plan de intervención. Los hechos recientes le han estallado en la cara sin saber qué decir.

II. La historia continúa…

Cuando en septiembre de 1828 se intentó asesinar al Libertador Simón Bolívar en su habitación en Bogotá, todo apuntaba a la autoría intelectual de Francisco de Paula Santander, pero éste se negó aduciendo que sólo se enteró del plan magnicida porque algunos de los implicados lo visitaron días antes para conocer su opinión. ¡Vaya cinismo del cobarde criminal!

El sub-presidente Iván Duque afirma no estar implicado en la operación Gedeón, pero su gobierno se mostró inmóvil pese a las revelaciones hechas por el desertor venezolano Clíver Alcalá, quien desde su residencia en Riohacha reconoció públicamente estar incurso en el contrabando de armas de guerra, establecimiento de campos de entrenamiento de mercenarios, preparación de una acción armada contra Venezuela y el financiamiento con dineros de ilícita procedencia; todo ello en territorio colombiano y en el marco de un “contrato” firmado por el diputado Juan Guaidó con una empresa estadounidense dedicada a la guerra.

El ex militar Alcalá Cordones –familia política del narcotraficante alias “Doble rueda”- permaneció por más de 48 horas en su vivienda sin que ninguna autoridad colombiana moviese un dedo por aplicar sus leyes en materia penal. Esperaron pálidos la llegada de la DEA que vino a rescatar su sabueso.

Esto es realmente escandaloso, y demostrativo que el mito de un Santander “hombre de las leyes”, es más falso que el “yo no fui” de Iván Duque. ¿Dónde están las lumbreras egresadas de las prestigiosas academias de ciencias jurídicas neogranadinas? ¿Dónde está la voz de la Colombia soberana, decente, democrática, legalista?

Sé que hay una reserva moral bolivariana en Colombia. La que ha logrado sobrevivir al genocidio iniciado en la “Noche Septembrina”, continuado por José María Obando y sus sicarios en el martirio del Mariscal Antonio José de Sucre en Berruecos, rematado por la elite pro-imperialista contra Jorge Eliecer Gaitán y el pueblo gaitanista, en fin, esa masacre cotidiana institucionalizada contra la Colombia profunda que ha soñado una patria digna y justa.

¿Dónde está el grito ahogado de olvidos de los herederos de Girardot? ¿Dónde los hijos agradecidos de aquel que les dio existencia, nombre y libertad?

III. Estado criminal asociado…

Lo vengo sosteniendo hace dos décadas: la adhesión servil de Colombia a los intereses de Estados Unidos es una “razón de Estado” y viene dada en términos históricos por el santanderismo como parásito de la Doctrina Monroe.

Las acciones belicosas y delictivas ejecutadas en la región por el Estado colombiano con ínfulas de guapetón, no tienen otra explicación sino que éste se sabe apoyado (usado) por el imperialismo yanqui. Apuntemos algunos episodios demostrativos de esta tesis:

–       Bombardeo del territorio de la República de Ecuador, demostrando un gran desprecio por las naciones vecinas y por el Derecho Internacional.

–       Involucramiento permanente en actos desestabilizadores contra Venezuela, país que recibió solidariamente a cinco millones de personas colombianas pobres y que generosamente dio todo para construir la paz de esa nación.  

   Implementación -por orden gringa- del llamado “Plan Colombia”, que no derrotó ni bajó la producción de drogas, pero si sirvió para el asesinato de miles de luchadores sociales, el desplazamiento de millones de personas y la militarización del país.

–       Entrega de la soberanía con el establecimiento de siete bases militares al servicio de Estados Unidos, y otorgamiento de impunidad al personal militar gringo. (Estudios oficiales demuestran que en apenas cuatro años, entre 2003-2007, al menos 54 menores de edad colombianas fueron abusadas sexualmente por soldados y contratistas militares de Estados Unidos. Los violadores norteamericanos quedaron impunes por sus delitos, que la Comisión de Verdad Histórica denominó como “imperialismo sexual”).

–       Estadísticas de la Defensoría del Pueblo de Colombia arrojaron que entre enero de 2016 y febrero de 2017 fueron asesinados 120 líderes sociales, 33 sufrieron atentados y 27 fueron agredidos. Esta cifra espeluznante de por sí, ya pasa de 700 si sumamos la mortandad ocurrida durante el actual gobierno. Aquí Duque tampoco ha ido “de frente”, al contrario, sigue actuando en las sombras como su patrón, utilizando matones “anónimos” como lo aprendieron de Santander y Obando.

–       Colombia es el país más guerrerista de Suramérica, con el mayor gasto militar en el continente después de Estados Unidos, Canadá y Brasil; mientras redujo su gasto social a mínimos irrisorios, privatizando la salud y casi todos los derechos.

–       En materia de narcotráfico, en alianza con su amo yanqui, Colombia superó su propio record en producción de cocaína al pasar las mil toneladas anuales. Esta economía delictiva mantiene en zozobra al vecindario con la proliferación de estructuras criminales que controlan el procesamiento y tráfico de la droga hasta su mercado favorito: el estadounidense, donde finalmente se realiza la ganancia generando cifras millonarias que aceitan las finanzas del capitalismo yanqui.

–       Factor de caos criminal regional: problematización de toda la costa del Pacífico desde Ecuador hasta México, pasando por Centroamérica, por donde fluye el 85% de la droga producida en Colombia.

–       Incremento del tráfico ilegal de armas procedentes de Estados Unidos e Israel, traídas por los carteles de la droga e introducidas a Colombia para todos los grupos criminales que deseen acceder al mercado a cielo abierto en el Chocó, Catatumbo o en Nariño, entre otras zonas controladas conjuntamente por la fuerza armada colombiana y el narcotráfico.

–       Financiamiento de incursiones paramilitares y mercenarias contra Venezuela, con dineros del narcotráfico, como les ha asesorado el experto Elliot Abrams.

–       Planificación y ejecución de asesinatos selectivos contra líderes revolucionarios venezolanos a manos de criminales colombianos, como fue el caso emblemático del joven diputado Robert Serra.

–       Amenazas explícitas de ataques militares como el anunciado por Uribe con la frase “me faltó tiempo”.

–       Direccionamiento al narcotráfico con instrucciones a los carteles para que intenten sacar droga por Venezuela, con el fin de incluirnos a la fuerza en la lista de países que permiten el tráfico de estupefacientes.

–       Utilización del territorio colombiano como madriguera de opositores buscados por delincuentes, militares desertores que entrenan en campamentos ilegales, y asiento de supuestos gobiernos paralelos al legítimamente constituido, así como de otros parapetos montados por la oposición venezolana en su locura de dirigir al país desde el exterior.

–       Utilización de sedes oficiales de instituciones del Estado colombiano, como el senado y la propia casa presidencial, para reuniones de ilusorias “fiscalías” y “tribunales” extraterritoriales que sólo alimentan el espejismo de una gobernabilidad enajenada y absurda; pero que no por estúpidas, dejan de constituir una agresión contra el derecho soberano de autodeterminación de Venezuela, y la propia territorialidad colombiana que permite a un fantasmal “gobierno” extranjero decidir asuntos –incluido el uso de la fuerza- de exclusiva competencia nacional.

–       Utilización abierta y descarada de territorio colombiano por fuerzas mercenarias multinacionales para atacar Venezuela con el propósito de asesinar al Presidente de la República Nicolás Maduro y otras altas autoridades venezolanas, y todo ser vivo cercano al Presidente, o sea, al pueblo bolivariano.

IV. La gota que derramó la totuma

El gobierno de Iván Duque se inició agrediendo a las dos naciones que hicieron posible los acuerdos de paz más importantes de la historia de Colombia: Cuba y Venezuela.

Al suspender unilateral e irresponsablemente los diálogos con el ELN, Duque abrió un vacío en un proceso que comprometía al Estado colombiano más allá del gobierno de turno. Reiterándose en su posición guerrerista se burló de los Protocolos acordados tras años de trabajo, donde cinco países sirvieron de Garantes: Brasil, Chile, Noruega, Cuba y Venezuela, que además fue sede de la aprobación de la agenda que guiaría esos diálogos en marzo de 2016.  

Romper la mesa de negociaciones fue el inicio de la agresión ordenada por Estados Unidos al peón colombiano que, con la absurda solicitud a Cuba de “entregar” la delegación del Ejército de Liberación Nacional, violando la vía protocolar aceptada por las partes con los Garantes como testigos de buena fe, forzaba, alejado de toda diplomacia y legalidad, indeseables hostilidades hacia quienes –a petición del Estado colombiano- ofrecieron su hospitalidad a las partes en pugna para alcanzar la paz.

Esta semana el gobierno de Donald Trump incluyó a Cuba y Venezuela en una de sus írritas listas, en este caso, de países que no colaboran con la lucha antiterrorista. Es el colmo de la hipocresía y el cinismo, a un par de días de la incursión narco-mercenaria desde Colombia, y cuando se efectuaba un ataque a la sede diplomática cubana en USA.

Venezuela activará la instancia internacional en busca de justicia, es nuestro derecho. También denunciará ante Naciones Unidas la agresión de que hemos sido víctimas, donde aparecen involucrados como cómplices necesarios los gobiernos de Estados Unidos y Colombia. Toda gestión por dar a conocer la verdad ante los pueblos del mundo debe hacerse. Mientras, la militancia bolivariana –civil y uniformada- permanecerá en vigilia y disposición combativa. Sabemos muy bien quién es nuestro enemigo.
Vuelvo a la Historia para descubrir en las cartas entre Bolívar y Urdaneta, esas lecciones que los bolivarianos no debemos olvidar ni descuidar un solo segundo.

Cuando la intriga de Santander desata un levantamiento de tropas acantonadas en Perú contra la oficialidad venezolana, en connivencia con “un teniente coronel Bustamante, oficial muy oscuro”, que actuaba pagado por el agente yanqui William Tudor, El Libertador le comunicó al leal General Rafael Urdaneta, que Santander había estimulado “el odio a los venezolanos”, sembrando “todas las semillas del crimen y del mal”. “En Bogotá”, le decía, “se han quitado las máscaras y aplauden los crímenes más atroces”.

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* Historiador Bolivariano